PORTADA-ARTICULOS-NOVEDADES-NUESTRA HISTORIA-LUCHA-MUSICA-ESPECIALES-CULTURA-PAISES
Guerra civil en Guatemala
Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
La tragedia del enfrentamiento armado
1. Con el estallido del
enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una
etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes
costos en términos humanos, materiales, institucionales y
morales. En su labor de documentación de las violaciones de los
derechos humanos y hechos de violencia vinculados al
enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
(ceh) registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres,
mujeres y niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas de
ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición
forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran
mayas y el 17 % eran ladinos.1
2. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la
violencia política en Guatemala, la ceh estima que el saldo en
muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más
de doscientas mil personas.
Las raíces históricas del enfrentamiento armado
3. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluye que
la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas,
culturales y sociales en Guatemala han sido profundamente
excluyentes, antagónicas y conflictivas, reflejo de su historia
colonial. Desde la independencia proclamada en 1821,
acontecimiento impulsado por las elites del país, se configuró
un Estado autoritario y excluyente de las mayorías, racista en
sus preceptos y en su práctica, que sirvió para proteger los
intereses de los restringidos sectores privilegiados. Las
evidencias, a lo largo de la historia guatemalteca, y con toda
crudeza durante el enfrentamiento armado, radican en que la
violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en
contra de los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población
maya, así como en contra de los que luchaban a favor de la
justicia y de una mayor igualdad social.
4. El carácter antidemócrático de la tradición política
guatemalteca tiene sus raíces en una estructura económica
caracterizada por la concentración en pocas manos de los bienes
productivos, sentando con ello las bases de un régimen de
exclusiones múltiples, a las que se sumaron los elementos de una
cultura racista, que es a su vez la expresión más profunda de
un sistema de relaciones sociales violentas y deshumanizadoras.
El Estado se fue articulando paulatinamente como un instrumento
para salvaguardar esa estructura, garantizando la persistencia de
la exclusión y la injusticia.
5. La ausencia de una política social eficaz por parte del
Estado, con excepción de la época que abarca de 1944 hasta 1954,
acentuó esta dinámica histórica excluyente. En muchos casos
las políticas estatales durante el periodo reciente propiciaron
las desigualdades o, como mínimo, su endémica debilidad
institucional permitió que éstas se exacerbaran. Como muestra,
durante los veinte años de mayor crecimiento económico en
Guatemala (1960-1980), el gasto social del Estado fue el menor de
Centroamérica y la carga tributaria fue a su vez la más baja.
6. Por su mismo carácter excluyente el Estado fue incapaz de
lograr un consenso social en torno a un proyecto de nación que
pudiera aglutinar al conjunto de la población. Concomitantemente
renunció a su papel de mediador entre los intereses sociales y
económicos divergentes, abriendo un vacío que facilitó la
confrontación directa entre los sectores afectados. De especial
preocupación para la ceh fue la manera en que las sucesivas
Constituciones de la República y las garantías de los derechos
humanos y cívicos explicitadas en ellas, se convirtieron en
instrumentos formales, violados por diversas estructuras del
mismo Estado.
7. El poder legislativo y los partidos políticos que en él
participaron, también contribuyeron en distintos momentos a la
creciente polarización y exclusión, dictando normas legales que
legitimaron los regímenes de excepción y supresión de los
derechos civiles y políticos, así como dificultaron o
impidieron procesos de cambio. Se produjo una ausencia efectiva
de mecanismos institucionales apropiados para canalizar las
inquietudes, reivindicaciones y propuestas de los distintos
grupos de población. La falta de cauces para orientar
constructivamente el disenso a través de fórmulas de mediación
propias de los sistemas democráticos, consolidó aún más una
cultura política confrontativa e intolerante y provocó una
retroalimentación casi ininterrumpida de inestabilidad que
impregnó todo el orden social.
8. Quedó así conformado un círculo vicioso donde la injusticia
social provocó protesta y luego inestabilidad política, que
permanentemente sólo tuvo dos respuestas: represión o golpe
militar. Frente a movimientos que proponían reivindicaciones
económicas, políticas, sociales o culturales, el Estado recurrió
crecientemente a la violencia y el terror para mantener el
control social. En este sentido la violencia política fue una
expresión directa de la violencia estructural de la sociedad.
La represión sustituye a las leyes
9. La ceh ha concluido que, durante los años del enfrentamiento
armado, la incapacidad del Estado guatemalteco para aportar
respuestas a las legítimas demandas y reivindicaciones sociales
desembocó en la conformación de una intrincada red de aparatos
paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de
los tribunales, usurpando sus funciones y prerrogativas. Se
instauró de hecho un sistema punitivo ilegal y subterráneo,
orquestado y dirigido por las estructuras de Inteligencia militar.
Este sistema fue utilizado como la principal forma de control
social por parte del Estado a lo largo del enfrentamiento armado
interno, complementado por la colaboración directa o indirecta
de sectores económicos y políticos dominantes.
La ineficacia de la justicia
10. El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o
deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y
hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, el poder
judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales
en distintos momentos de la historia de Guatemala. La impunidad
caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del
Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin. Como
medio, cobijó y protegió las actuaciones represivas del Estado
así como las de particulares afines a sus propósitos, mientras
que, como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados para
reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales.
El cierre de los espacios políticos
11. Después del derrocamiento del Gobierno del coronel Jacobo
Arbenz en 1954 tuvo lugar un acelerado proceso de cierre de
espacios políticos, inspirado en un anticomunismo
fundamentalista que anatematizó un movimiento social amplio y
diverso, consolidando mediante las leyes el carácter restrictivo
y excluyente del juego político. Estas restricciones a la
participación política fueron pactadas por diversos sectores de
poder fáctico del país y activadas por las fuerzas civiles y
políticas de esa época. Este proceso constituye en sí mismo
una de las evidencias más contundentes de las estrechas
relaciones entre el poder militar, el poder económico y los
partidos políticos surgidos en 1954. A partir de 1963, además
de las restricciones legales, la creciente represión estatal
contra sus reales o supuestos opositores fue otro factor decisivo
en el cierre de las opciones políticas en Guatemala.
Las causas profundas del enfrentamiento armado
12. La ceh concluye que fenómenos coincidentes como la
injusticia estructural, el cierre de los espacios políticos, el
racismo, la profundización de una institucionalidad excluyente y
antidemocrática, así como la renuencia a impulsar reformas
sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos
estructurales, constituyen los factores que determinaron en un
sentido profundo el origen y ulterior estallido del
enfrentamiento armado.
Guerra Fría, Doctrina de Seguridad Nacional y el papel de los
Estados Unidos
13. La ceh reconoce que el avance de la sociedad y del Estado
hacia la polarización, la militarización y la guerra intestina
no sólo fueron efectos procedentes de la historia nacional. La
Guerra Fría tuvo también influencia especial. La política
anticomunista promovida por los Estados Unidos en el marco de sus
relaciones exteriores recibió un decidido apoyo de los partidos
políticos de derecha y los diversos sectores de poder
guatemaltecos, mientras aquel país se mostró dispuesto a
brindar su respaldo a regímenes militares fuertes en su
traspatio estratégico. En el caso guatemalteco se concretó en
el plano militar mediante asistencia destinada a reforzar los
aparatos de Inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad
en la guerra contrainsurgente, factores claves que incidieron en
las violaciones de los derechos humanos durante el enfrentamiento
armado.
14. El anticomunismo y la Doctrina de Seguridad Nacional (dsn)
fueron parte de la estrategia antisoviética de los Estados
Unidos en América Latina. En Guatemala asumieron primero un
sentido antirreformista, luego antidemocrático y, en último término,
contrainsurgente convertido en criminal. La Doctrina de Seguridad
Nacional encontró terreno fértil en Guatemala en el pensamiento
anticomunista ya arraigado en el país, donde dicho pensamiento
se fundió desde los años treinta con una actitud de defensa de
la religión, las tradiciones y los valores conservadores
supuestamente amenazados por la expansión mundial del comunismo
ateo. Hacia los años cincuenta esta actitud fue apoyada con
fuerza por la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que
condujo a calificar de "comunista" cualquier postura
que contradijera su discurso, contribuyendo a dividir y confundir
aún más a la sociedad guatemalteca.
El enemigo interno
15. Durante el periodo del enfrentamiento armado la noción de
"enemigo interno", intrínseca a la Doctrina de
Seguridad Nacional, se volvió cada vez más amplia para el
Estado. Esta doctrina se convirtió, a la vez, en razón de ser
del Ejército y en política de Estado durante varias décadas.
Mediante su investigación, la ceh recogió uno de los efectos más
devastadores de esta política: las fuerzas del Estado y grupos
paramilitares afines fueron responsables del 93% de las
violaciones documentadas por la ceh, incluyendo el 92% de las
ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas.
Las víctimas comprenden a hombres, mujeres y niños de todos los
estratos del país: obreros, profesionales, religiosos, políticos,
campesinos, estudiantes y académicos; la gran mayoría en términos
étnicos, pertenecientes al pueblo maya.
La Iglesia Católica
16. La Iglesia Católica transitó, en muy corto tiempo en la
historia reciente de Guatemala, de una postura conservadora hacia
posiciones y prácticas que, fundamentadas en el Concilio
Vaticano Segundo (1962-1965) y la Conferencia Episcopal de Medellín
(1968), priorizaban el trabajo con los excluidos, los pobres y
los marginados, promoviendo la construcción de una sociedad más
justa y equitativa. Estos cambios doctrinales y pastorales
chocaron con la estrategia contrainsurgente que consideró a los
católicos como aliados de la guerrilla y por tanto parte del
enemigo interno, sujeto de persecución, muerte o expulsión. Por
su lado, la guerrilla vio en la práctica de la llamada "teología
de la liberación", un punto de encuentro para extender su
base social, buscando ganar la simpatía de sus adeptos. Un gran
número de catequistas, delegados de la Palabra, sacerdotes,
religiosas y misioneros fueron víctimas de la violencia y dieron
su vida como testimonio de la crueldad del enfrentamiento armado.
La insurgencia guatemalteca, la lucha armada y la influencia
cubana
17. La insurgencia guatemalteca, por su parte, surgió como la
respuesta de un sector de la población ante los diversos
problemas estructurales del país. Frente a la injusticia, la
exclusión, la pobreza y la discriminación, proclamó la
necesidad de tomar el poder para construir un nuevo orden social,
político y económico. A lo largo del enfrentamiento armado los
grupos insurgentes asumieron las tesis de la doctrina marxista en
sus diversas orientaciones internacionales. Aunque tuvieron un
tronco histórico común en el proscrito partido comunista, el
Partido Guatemalteco del Trabajo (pgt), varias organizaciones
surgieron como resultado de una crítica al mismo, por su
renuencia a seguir el camino de la lucha armada.
18. La influencia de Cuba y su exaltación de la lucha armada
incidieron en estos procesos tanto en Guatemala como en el resto
del continente latinoamericano. Sobre este punto, la ceh concluye
que el apoyo político, logístico, de instrucción y
entrenamiento que prestó Cuba a la insurgencia guatemalteca
durante todo el periodo, supuso otro factor externo importante
que marcó la evolución del enfrentamiento armado. En el
contexto de un Estado crecientemente represivo, sectores de la
izquierda, en concreto aquellos que seguían la ideología
marxista, asumieron la perspectiva cubana de la lucha armada como
vía única para la defensa de los derechos del pueblo y la toma
del poder.
19. En la medida en que la represión estatal se intensificó y
amplió la cobertura de sus potenciales víctimas, la tendencia
rebelde que cifraba la solución política nacional en el triunfo
de la guerrilla se vio fortalecida. Más que compartir un
proyecto político-ideológico concreto, durante la mayor parte
del enfrentamiento la cohesión de la insurgencia guatemalteca se
definió en torno a la necesidad y primacía de la lucha armada
casi como única solución.
20. Durante su investigación la ceh comprobó que el trabajo político
de las organizaciones guerrilleras dentro de los diversos
sectores de la sociedad fue orientado crecientemente a fortalecer
su capacidad militar, en perjuicio del estilo de acción política
propio de sectores democráticos. Asimismo, los intentos de otras
fuerzas políticas para aprovechar los limitados espacios de
participación legal fueron descalificados con radicalidad por
algunos sectores de la insurgencia como "reformistas" o
"disidentes", mientras las personas que pretendían
mantenerse al margen del enfrentamiento eran tratadas con
profunda desconfianza y hasta como potenciales enemigos,
contribuyendo también por este lado a la intolerancia política
y la polarización.
Los enemigos de los grupos insurgentes
21. Además de la clara definición del Ejército como su enemigo,
los grupos insurgentes incluyeron también en esta categoría a
civiles, representantes del poder económico y político que
consideraban afines a la represión, así como a personas de las
que, en especial en las áreas rurales, se sospechaba que
prestaban apoyo al Ejército o que ejercían un poder económico
local. Entre los casos registrados por la ceh las acciones de los
grupos insurgentes produjeron el 3% de las violaciones de los
derechos humanos y hechos de violencia, entre hombres, mujeres y
niños, incluyendo un 5% de las ejecuciones arbitrarias y un 2%
de las desapariciones forzadas.
Más allá de las dos partes
22. Si bien en el enfrentamiento armado aparecen como actores más
visibles el Ejército y la insurgencia, la investigación
realizada por la ceh ha puesto de manifiesto la implicación de
todo el Estado, unificando sus diversas instituciones y
mecanismos coactivos. Asimismo se constata la responsabilidad y
participación, bajo diferentes formas, de los grupos de poder
económico, los partidos políticos, los universitarios y las
iglesias, así como otros sectores de la sociedad civil.
23. Por ello, la ceh concluye que la explicación de fondo del
enfrentamiento armado guatemalteco no puede reducirse a una lógica
de dos actores armados. Tal interpretación no explica ni podría
fundamentar la persistencia y la significación que tuvo la
participación de los partidos políticos y fuerzas económicas
en la génesis, desarrollo y perpetuación de la violencia; ni
los repetidos esfuerzos organizativos y la constante movilización
de sectores de la población que luchaban por alcanzar
reivindicaciones económicas, políticas y culturales.
La respuesta represiva desproporcionada
24. La magnitud de la respuesta represiva del Estado,
absolutamente desproporcionada en relación con la fuerza militar
de la insurgencia, sólo puede entenderse en el marco de los
profundos conflictos sociales, económicos y culturales del país.
Sobre la base de los resultados de su investigación, la ceh
concluye que en el periodo 1978-1982 se produjo entre amplios
sectores de la ciudadanía una creciente movilización social y
oposición política a la continuidad del orden establecido,
cuyas expresiones organizadas, en algunos casos, mantuvieron
relaciones de diversa índole con la insurgencia. No obstante, en
ningún momento del enfrentamiento armado interno los grupos
guerrilleros tuvieron el potencial bélico necesario para
constituir una amenaza inminente para el Estado. Los contados
combatientes no pudieron competir en el plano militar con el Ejército
de Guatemala, que dispuso de más efectivos, muy superior
armamento, así como mejor entrenamiento y coordinación. También
se ha constatado que durante el enfrentamiento armado, el Estado
y el Ejército conocían el grado de organización, el número de
efectivos, el tipo de armamento y los planes de acción de los
grupos insurgentes. De esta forma, fueron conscientes de que la
capacidad militar de la insurgencia no representaba una amenaza
concreta para el orden político guatemalteco.
25. La ceh concluye que el Estado magnificó deliberadamente la
amenaza militar de la insurgencia, práctica que fue acreditada
en su concepto del enemigo interno. Incluir en un solo concepto a
los opositores, demócratas o no; pacifistas o guerrilleros;
legales o ilegales; comunistas y no comunistas, sirvió para
justificar graves y numerosos crímenes. Frente a una amplia
oposición de carácter político, socioeconómico y cultural, el
Estado recurrió a operaciones militares dirigidas a aniquilarla
físicamente o amedrentarla por completo, a través de un plan
represivo ejecutado principalmente por el Ejército y los demás
cuerpos de seguridad nacional. Sobre esta base la ceh explica por
qué la vasta mayoría de las víctimas de las acciones del
Estado no fueron combatientes de los grupos guerrilleros sino
civiles.
La concentración territorial de las operaciones militares y
sus víctimas
26. Con base en la información procesada por la ceh, se
constatan diferencias relevantes en la concentración territorial
de las operaciones militares y en el tipo de víctimas,
dependiendo del periodo específico del enfrentamiento armado. En
el periodo 1962-1970, las operaciones se concentraron en Oriente,
la ciudad de Guatemala y la Costa Sur, siendo las víctimas
fundamentalmente campesinos, miembros de las organizaciones
gremiales rurales, profesores y estudiantes universitarios y
secundarios, y simpatizantes de la guerrilla. En los años 1971-1977
los operativos de la represión fueron más selectivos y
dispersos; las víctimas incluyeron líderes comunitarios,
dirigentes sindicales, catequistas y estudiantes.
27. Durante el periodo más violento y sanguinario de todo el
enfrentamiento armado (1978-1985) los operativos militares se
concentraron en Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y
Baja Verapaz, en la Costa Sur y la capital. Las víctimas fueron
mayoritariamente población maya y en menor proporción ladinos.
En el último periodo (1986-1996) las acciones represivas
tuvieron un carácter selectivo, afectando casi por igual a
población maya y ladina. Las Comunidades de Población en
Resistencia constituyeron un objetivo prioritario de las
operaciones militares en el área rural.
La niñez
28. La ceh constata con particular preocupación que gran
cantidad de niños y niñas también se encontraron entre las víctimas
directas de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas,
torturas y violaciones sexuales, entre otros hechos violatorios
de sus derechos elementales. Además, el enfrentamiento armado
dejó un número importante de niños huérfanos y desamparados,
especialmente entre la población maya, que vieron rotos sus ámbitos
familiares y malogradas sus posibilidades de vivir la niñez
dentro de los parámetros habituales de su cultura.
Las mujeres
29. La investigación de la ceh permitió determinar que
aproximadamente una de cada cuatro víctimas directas de las
violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia fueron
mujeres. Murieron, fueron desaparecidas, torturadas y violadas
sexualmente, a veces por sus ideales y su participación política
y social; otras fueron víctimas de las masacres y otras acciones
indiscriminadas. Miles de mujeres perdieron a sus esposos, quedándose
viudas y como único sostén de sus hijos, a menudo sin recursos
materiales luego de la destrucción de sus casas y cultivos en
las operaciones de tierra arrasada. Sus esfuerzos para
reconstruir sus vidas y mantener sus familias merecen un
reconocimiento particular.
30. A la vez la ceh reconoce que las mujeres, familiares de víctimas
en su mayoría, han jugado un papel ejemplar en la defensa de los
derechos humanos durante el enfrentamiento armado, como
impulsoras y dirigentes de diversas organizaciones de familiares
de desaparecidos y de lucha contra la impunidad.
Los mayas como enemigo colectivo del Estado
31. En los años de exacerbación del enfrentamiento (1978-1983),
con la ampliación de la base de apoyo y el ámbito de acción de
la guerrilla, en varias regiones del país el Ejército identificó
a los mayas como grupo afín a la guerrilla. En algunas ocasiones
esta identificación se produjo en razón de la efectiva
existencia de su apoyo a los grupos insurgentes, así como de
condiciones preinsurreccionales en áreas de limitada extensión
en el interior del país. Sin embargo, la ceh ha llegado a
precisar que, en la mayoría de los casos, la identificación
entre las comunidades mayas y la insurgencia fue
intencionadamente exagerada por el Estado que, apoyándose en
tradicionales prejuicios racistas, se sirvió de esta
identificación para eliminar las posibilidades presentes y
futuras para que la población prestara ayuda o se incorporara a
cualquier proyecto insurgente.
32. La consecuencia de esta manipulación, ampliamente
documentada por la ceh, fue la agresión masiva e indiscriminada
a las comunidades, con independencia de su real involucramiento
en la guerrilla, así como con indiferencia a su condición de
población civil, no combatiente. Con las masacres, las
operaciones de tierra arrasada, el secuestro y ejecución de
autoridades, líderes mayas y guías espirituales, no sólo se
buscaba quebrar las bases sociales de la guerrilla, sino
desestructurar ante todo los valores culturales que aseguraban la
cohesión y la acción colectiva de las comunidades.
El racismo en la violencia
33. Mediante su investigación, la ceh también concluye que la
innegable realidad del racismo como doctrina de superioridad
expresada permanentemente por el Estado constituye un factor
fundamental para explicar la especial saña e indiscriminación
con que se realizaron las operaciones militares contra centenares
de comunidades mayas en el occidente y noroccidente del país, en
particular entre 1981 y 1983, cuando se concentraron más de la
mitad de las masacres y acciones de tierra arrasada en su contra.
El repliegue de la guerrilla
34. La ceh ha comprobado que la guerrilla aplicó una táctica de
"propaganda armada" y de ocupación temporal de pueblos,
para ganar partidarios o demostrar su fuerza; pero al retirarse,
dejaba a las comunidades indefensas y vulnerables. En muchos
casos estas comunidades fueron luego atacadas por el Ejército,
con un saldo muy elevado de muertos entre la población civil,
especialmente en el pueblo maya. En algunos de ellos conocidos
por la ceh, aldeas enteras fueron arrasadas por las fuerzas
militares del Estado pocos días después del retiro de los
grupos insurgentes que las ocupaban. En estos casos, aun
reconociendo la clara y exclusiva autoría del Ejército como
responsable de las violaciones masivas, la ceh tiene la convicción
de que las acciones de la guerrilla incidieron para desencadenar
estos hechos.
35. Frente a las operaciones de tierra arrasada y las masacres,
que correspondían a una estrategia y a la planificación sistemática
del Ejército, la guerrilla fue incapaz de proteger a la población
que había simpatizado con sus propósitos o que la había
apoyado. Esta incapacidad provocó en estos sectores un amplio
sentimiento de abandono, decepción y rechazo.
La militarización
36. La ceh ha constatado que la militarización del Estado y la
sociedad constituyó un objetivo estratégico definido, planeado
y ejecutado institucionalmente por el Ejército de Guatemala, a
partir de la Doctrina de Seguridad Nacional y su peculiar
interpretación de la realidad nacional. La militarización
presentó características diferentes a lo largo de los años del
enfrentamiento armado. Empezó durante los años sesenta y
setenta con el dominio que el Ejército impuso sobre las
estructuras del poder ejecutivo. Luego asumió el ejercicio casi
absoluto del poder mediante su penetración en todas las
instituciones y espacios políticos, sociales e ideológicos del
país durante media década en los años ochenta, hasta llegar
—en la etapa final— a tener un control paralelo,
semivisible, de bajo perfil, pero de alto impacto, en la vida
nacional.
37. La militarización fue en su momento uno de los factores que
alimentó e incentivó el enfrentamiento armado, al limitar
profundamente las posibilidades del ejercicio de los derechos cívicos,
para luego constituir una de las consecuencias más corrosivas
del mismo. La militarización constituyó un soporte de la
impunidad. Además, en un sentido amplio, debilitó el tejido
institucional del país, redujo sus posibilidades de
funcionamiento real y contribuyó a la deslegitimización del
mismo, ya que durante años la población ha vivido con la
certeza de que el Ejército detentaba el poder efectivo en el país.
La inteligencia militar
38. Basándose en la investigación realizada, la ceh también
concluye que las estructuras de Inteligencia militar en Guatemala
han jugado un papel determinante en la militarización del país.
No se conformaron con ejercer las funciones habituales de los órganos
de esta naturaleza en el marco de un Estado democrático de
Derecho, que consisten en sistematizar e interpretar información
trascendental para la seguridad del país. Más bien, el sistema
de Inteligencia de Guatemala fue el eje conductor de una política
de Estado que aprovechó el escenario, delimitado por el
enfrentamiento armado, para controlar a la población, a la
sociedad, al Estado y al propio Ejército. Este dominio
exhaustivo se fundamentó en una estrategia político-militar y
se llevó a la práctica activando mecanismos violatorios de los
derechos humanos, así como la Constitución y las leyes de la
República.
39. La ceh ha comprobado que el control ejercido por la
Inteligencia militar dependía no sólo de sus estructuras
formales, sino también de una amplísima red de informantes
infiltrados en las organizaciones sociales, las comunidades y
diversas instituciones del Estado. Por ese medio accedió a un cúmulo
de información que le ha permitido manejar a otras estructuras
del Ejército, así como manipular diversos intereses y entidades
del Estado y de la sociedad civil guatemalteca. Uno de los
objetivos de la incorporación de la Inteligencia en las
instituciones estatales fue multiplicar sus recursos de información
y de guerra psicológica. A la vez, los órganos de Inteligencia
infiltraron sus agentes en las organizaciones sociales, donde
muchos activistas fueron luego víctimas de graves violaciones de
derechos humanos.
40. La investigación de la ceh ha corroborado que en Guatemala
los servicios de Inteligencia militar realizaron operaciones no
convencionales y de carácter irregular ajenas a cualquier orden
o referencia legal. Sus operaciones ilegales fueron clandestinas,
tanto en su preparación como en su desarrollo. El propósito de
estas misiones fue garantizar el secreto de un trabajo para que
no se pudiera determinar la autoría intelectual y material de
los hechos, exculpar de toda responsabilidad a los agentes del
Estado y asegurar así la inutilidad de cualquier investigación
judicial y policial.
41. Dicha actividad clandestina se manifestó en la utilización
de centros ilegales de detención, o "cárceles clandestinas",
que existieron en casi todas las instalaciones del Ejército de
Guatemala, en muchas instalaciones policiales y hasta en casas y
locales privados. En estos sitios a las víctimas no sólo se les
arrebató su libertad de modo arbitrario, sino que casi siempre
fueron objeto de interrogatorios acompañados de tortura o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. En la mayoría de los casos los
detenidos eran desaparecidos o ejecutados. En los pocos casos en
que los detenidos eran liberados no medió ningún procedimiento
judicial. En algunas ocasiones las víctimas eran obligadas a
trabajar de manera ilegal y clandestina para el Ejército a
cambio de su libertad parcial. Las oportunidades en que dichas
personas fueron puestas a disposición de los tribunales
competentes son excepcionales.
Los Kaibiles
42. La fuerza especial contrainsurgente del Ejército, denominada
Kaibiles, ha llamado poderosamente la atención de la ceh, al
constatar los contenidos degradantes de su proceso de
entrenamiento, que incluyó matar animales para posteriormente
comérselos crudos y beber su sangre para evidenciar valor. La
extrema crueldad de estos métodos de entrenamiento, según los
testimonios de que dispone la ceh, fueron puestos en práctica en
diversos operativos llevados a cabo por estas tropas, haciendo
cierto uno de los puntos del decálogo de sus miembros: "El
Kaibil es una máquina de matar".
La policía militarizada
43. La ceh concluye que la Policía Nacional y la Guardia de
Hacienda, dos importantes fuerzas de seguridad del Estado, también
cometieron numerosas y graves violaciones de los derechos humanos
durante el enfrentamiento armado. Hacia mediados de los años
sesenta, estas fuerzas iniciaron su subordinación al control del
Ejército, situación que se mantuvo a lo largo del
enfrentamiento. Actuando con frecuencia bajo órdenes de
estructuras del Ejército, los "detectives" y otras
fuerzas policiales que se vestían de civil, se convirtieron en
los principales agentes del terror estatal en la capital de
Guatemala durante casi veinte años.
El terror
44. La ceh comprobó que a lo largo del enfrentamiento armado el
Ejército diseñó e implementó una estrategia para provocar
terror en la población. Esta estrategia se convirtió en el eje
de sus operaciones, tanto en las de estricto carácter militar
como en las de índole psicológica y las denominadas de
desarrollo.
45. Las organizaciones guerrilleras cometieron hechos violentos
de extrema crueldad que aterrorizaron a la población y dejaron
secuelas importantes en la misma. Fueron las ejecuciones
arbitrarias, sobre todo las cometidas frente a familiares y
vecinos, las que agudizaron el clima de miedo, arbitrariedad e
indefensión ya generalizado en la población.
46. El terror de Estado se intensificó en Guatemala a partir de
1966, cuando inició un proceso cuyas etapas más agudas
correspondieron a los periodos de máxima violencia y cuyos
epicentros se ubicaron en los escenarios donde la represión fue
más intensa. Una gran parte de las violaciones de los derechos
humanos conocidas por la ceh, cometidas por el Ejército u otros
cuerpos de seguridad, fueron perpetradas con ensañamiento y en
forma pública, especialmente en las comunidades mayas del
interior del país. Asimismo, al tomar en cuenta los métodos de
entrenamiento de las fuerzas del Ejército —y en especial de
los Kaibiles— la ceh ha determinado que la crueldad extrema
fue un recurso utilizado con intención para generar y mantener
un clima de terror en la población.
47. El terror no se redujo a los hechos violentos o a las
operaciones militares; dependía además de otros mecanismos
conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas
para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la
población civil en la cadena causal y la ejecución efectiva de
las atrocidades. Por estas razones, el terror no se extingue
automáticamente cuando los niveles de violencia descienden, sino
que tiene efectos acumulativos y perdurables, los cuales
requieren tiempo, esfuerzo y experiencias de nuevo tipo para
superarlos.
48. La investigación ha establecido que, más allá de la
eliminación física de sus opositores, supuestos o reales, el
terror de Estado se fomentó para dejar claro que quienes
participaban en actividades reivindicativas, e incluso sus
familiares, corrían el riesgo de perder la vida en medio de los
mayores tormentos. Tuvo el objetivo de intimidar y callar al
conjunto de la sociedad para aniquilar su voluntad de
transformación, a corto e incluso largo plazo.
La criminalización de las víctimas
49. El Estado procuró también estigmatizar y culpabilizar a las
víctimas y las organizaciones sociales, para transformarlas así
en criminales en la imagen pública y por lo tanto en objetivos
"legítimos" de la represión; lo pretendía al
despojarlas de su dignidad como personas difundiendo a sangre y
fuego la lección de que el ejercicio de los derechos cívicos
podría ser castigado con la muerte. La ceh considera que este
adoctrinamiento sistemático ha dejado huellas profundas en el
subconsciente colectivo de la sociedad guatemalteca. El miedo, el
silencio, la apatía y la falta de interés en la esfera de
participación política son algunas de las secuelas más
importantes que resultaron de la criminalización de las víctimas
y suponen un obstáculo para la intervención activa de toda la
ciudadanía en la construcción de la democracia.
La complicidad forzada en la violencia
50. La ceh concluye que entre los daños más drásticos del
enfrentamiento se cuentan aquéllos que fueron consecuencias de
haber obligado a amplios sectores de la población a convertirse
en cómplices forzados de la violencia, en especial por su
participación en las Patrullas de Autodefensa Civil (pac),
estructuras paramilitares creadas por el Ejército en casi toda
la República, a partir de 1981. La ceh ha conocido centenares de
casos en que los civiles fueron obligados por el Ejército, bajo
la amenaza de las armas, a violar a mujeres, torturar, mutilar
cadáveres y matar. En estos casos, el recurso a la extrema
crueldad fue utilizado por el Estado como medio de disgregación
social. La participación forzada, de modo especial en las
comunidades mayas, de gran parte de la población masculina mayor
de 15 años en las pac, trastocó valores y patrones de conducta
al normalizar la violencia como método para enfrentar
situaciones de conflicto y al fomentar el desprecio por la vida
de los otros.
El poder local arbitrario
51. Entraña un motivo de especial preocupación para la ceh el
hecho que, en ciertos casos, se terminó creando victimarios
civiles que luego, por convicción propia, cometieron atrocidades
extremas contra sus propios vecinos, e incluso contra sus
familiares cercanos. Se instituyó un poder armado sin controles
que pudo actuar de manera arbitraria en las aldeas, persiguiendo
fines particulares y abusivos.
52. La convivencia entre víctimas y victimarios reproduce el
clima de miedo y el silencio. Para las víctimas, la confrontación
diaria con sus victimarios mantiene viva la memoria dolorosa de
las violaciones. La ceh ha comprobado que un gran número de
personas, por temor a represalias, sigue callando sus
sufrimientos pasados y presentes, mientras la interiorización de
los traumas impide un proceso de definitiva curación de las
heridas.
El duelo alterado y los cementerios clandestinos
53. Los testimonios recibidos por la ceh dan fe de las múltiples
circunstancias que, durante el enfrentamiento armado, impidieron
a miles de guatemaltecos poder observar los ritos que normalmente
acompañan la muerte y entierro de una persona, provocando un
hondo dolor que persiste en los sectores de la población
afectada. La desaparición forzada fue la práctica más
perniciosa en este sentido, por la incertidumbre que imponía
acerca del paradero o destino de la persona. Asimismo, el clima
de terror, la presencia militar y otras circunstancias que
rodeaban las masacres, la huida y la persecución en la montaña,
hacían frecuentemente inviable el entierro de los muertos. Para
todas las culturas y religiones presentes en Guatemala, es casi
inconcebible no dar digna sepultura a los fallecidos: violenta
los valores y la dignidad de todos. Para los mayas, este fenómeno
cobra una importancia particular por la relevancia central que
tiene en su cultura el vínculo activo que une a los vivos con
los muertos. La falta de un lugar sagrado a donde acudir para
velar por este nexo constituye una preocupación profunda que
brota de los testimonios de muchas comunidades mayas.
54. La ceh ha concluido que los cementerios clandestinos y
ocultos, así como el desasosiego que padecen muchos
guatemaltecos, por no saber qué pasó, ni siquiera dónde están
sus familiares, delatan aún hoy una llaga abierta en el país.
Representan un recuerdo permanente de los hechos violentos con
que se negó la dignidad de sus seres queridos. Sanar las heridas
particulares del duelo alterado implica la exhumación de las
fosas secretas, así como la identificación final del paradero
de los desaparecidos.
Las secuelas sociales de la tortura
55. La ceh concluye que el uso sistemático de la tortura implicó
dos consecuencias colectivas fundamentales. En primer lugar, se
formó y entrenó a expertos en las formas más eficientes y
aberrantes de aplicar dolor sobre un ser humano para quebrarlo física
y espiritualmente. En segundo lugar, la tortura se convirtió en
algo "normal" dentro del trabajo rutinario de las
estructuras militares y policiales del Estado, sobre todo entre
los integrantes de Inteligencia, tolerado por la sociedad y los
funcionarios judiciales.
La impunidad
56. La debilidad del sistema de justicia, ausente en extensas
regiones del país antes del enfrentamiento armado, se acentuó
cuando el poder judicial se plegó a los requerimientos impuestos
por el modelo de seguridad nacional imperante. La ceh concluye
que, al tolerar o participar directamente en la impunidad que
daba cobertura material a las violaciones más elementales de
derechos humanos, los órganos de justicia se volvieron
inoperantes en una de sus funciones fundamentales de protección
del individuo frente al Estado y perdieron toda credibilidad como
garantes de la legalidad vigente. Permitieron que la impunidad se
convirtiera en uno de los más importantes mecanismos para
generar y mantener el clima de terror.
57. Estos factores se combinaron para impedir que en Guatemala
existiera un Estado de Derecho. Asimismo crearon un arraigado
escepticismo en la sociedad sobre el sentido de mejorar su
sistema normativo y confiar en la administración de justicia
como una alternativa eficaz para construir una sociedad de
personas igualmente libres y dignas. De ahí que una de las
tareas más arriesgadas y complejas en la instauración de la paz
consiste en regenerar su trama básica, volverla asequible y
funcional para toda la ciudadanía y lograr que tanto los grupos
sociales como los individuos canalicen sus demandas y conflictos
a través de las instituciones competentes del Estado.
El debilitamiento de las organizaciones sociales
58. La ceh ha comprobado que a lo largo del enfrentamiento armado
las organizaciones sociales fueron un objetivo primordial de las
acciones represivas del Estado. Considerados parte del "enemigo
interno", fueron eliminados centenares de líderes y
miembros de base adscritos a las más diversas agrupaciones. El
saldo de esta coacción institucional fue el debilitamiento de la
sociedad civil, afectando en la actualidad su capacidad de
participación plena en los escenarios políticos y económicos
del país. A su vez, la pérdida de profesionales, académicos y
científicos, en suma, del "poder creativo" que murió
o partió al exilio, no significó sólo un vacío abierto en una
época determinada de la historia política y cultural del país,
sino que supuso también la pérdida de una parte importante de
la capacidad pedagógica e intelectual para educar a varias
generaciones futuras del país.
59. Además de la represión y el exilio, la debilidad y
fragmentación de las organizaciones sociales se deben en buena
medida a la conjunción de los diversos mecanismos activados
durante el enfrentamiento armado por el Estado para destruirlas;
mecanismos que continúan presentes en la memoria colectiva.
Estigmatización, miedo, desconfianza y la percepción en ciertos
sectores de que la firma de la paz no ha cambiado aún al Estado
represivo, funcionan todavía como obstáculos, impidiendo la
plena participación, aunque el proceso de paz y reconciliación
nacional marca una alentadora reversión de esta tendencia.
60. La actividad que desarrollaron miembros de la insurgencia en
las organizaciones sociales también afectó a éstas no sólo
porque su participación fue un factor más para que fueran
reprimidas, sino también porque en muchos casos provocó
divisiones, polarización y fuertes luchas en el seno de las
organizaciones que terminaron debilitándolas. El verticalismo
que la insurgencia llevó a las organizaciones sociales en que
tuvo participación, coartó su libertad para tomar decisiones
propias, asfixiando su autonomía y ampliando los efectos de las
políticas represivas del Estado, de desestructuración de la
oposición social y política del país.
La libertad de expresión coartada
61. La libertad de expresión va íntimamente vinculada al libre
ejercicio de los derechos cívicos. Al cerrarse los espacios para
la participación social y política, implícitamente se cerraron
los espacios para la libertad de expresión. Durante el largo
periodo del enfrentamiento armado, el simple hecho de pensar críticamente
se constituyó en Guatemala en un acto peligroso, y escribir
sobre ideas, hechos o acontecimientos de la vida política y
social del país significó correr el riesgo de la amenaza, la
tortura, la desaparición y la muerte. La opinión de los
ciudadanos, escritores, artistas, poetas, políticos y
periodistas, estuvo sujeta a los riesgos que la represión y la
polarización ideológica les imponían al ejercer el derecho a
expresarse. Aun habiendo gente que levantó su voz a pesar de los
riesgos, debe señalarse que las grandes empresas periodísticas
en general se adhirieron a los regímenes autoritarios,
autocensurándose o tergiversando las realidades. El precio fue
muy alto no sólo por el número de vidas humanas perdidas sino
porque Guatemala se convirtió en un país silenciado, en un país
incomunicado.
Vulneración de las comunidades mayas
62. La ceh concluye que las comunidades mayas también fueron
convertidas en un objetivo militar durante los años más
cruentos del enfrentamiento. Por el terror y la persecución, en
ciertas regiones y años los mayas se vieron obligados a ocultar
su identidad étnica, exteriorizada en su idioma y su traje. Con
la militarización de las comunidades se trastornó su ciclo de
celebraciones y ceremonias, y se profundizó la progresiva
clandestinización de sus rituales. La agresión estuvo dirigida
a menoscabar elementos con profundo contenido simbólico para la
cultura maya, como se pretendió con la destrucción del maíz y
el asesinato de ancianos. Estos hechos vulneraron elementos de la
identidad de los mayas y trastocaron la transmisión
intergeneracional de la misma. Asimismo fue agredida la cultura
por la utilización que hizo el Ejército de nombres y símbolos
mayas para denominar fuerzas de tarea u otras de sus estructuras.
63. A partir de 1982 y como práctica generalizada, las
autoridades tradicionales mayas fueron sustituidas por delegados
que procedían del ámbito castrense, como los comisionados
militares y los jefes de pac. En otros casos, el Ejército intentó
controlar, cooptar e infiltrar las estructuras tradicionales de
autoridades mayas que las vivían. Esta estrategia tuvo como
efecto la ruptura de los mecanismos comunitarios y de la
transmisión oral del conocimiento de la propia cultura, así
como la vulneración de las normas y los valores mayas de respeto
y de servicio a la comunidad. En su lugar se introdujeron prácticas
de autoritarismo y uso arbitrario del poder.
64. La presencia guerrillera, especialmente mediante la
instauración en algunas comunidades de sus propias estructuras
de autoridad como las Fuerzas Irregulares Locales y los Comités
Clandestinos Locales, así como los nuevos liderazgos que en éstas
se generaron, también provocaron el desplazamiento de las
autoridades tradicionales y les restaron poder.
El desplazamiento forzado masivo
65. El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la
devastación de aldeas enteras en el periodo comprendido entre
1981 y 1983, desencadenó la huida masiva de una población
diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas,
pero que también incluía un importante número de familias
ladinas, en especial en el caso de las zonas de colonización
cercanas a la frontera con México. El desplazamiento forzado de
la población civil en Guatemala destaca en la historia del
enfrentamiento armado por su carácter masivo y su potencia
destructora. Encarna la ruptura del tejido social en su forma más
directa y desgarradora. Implica el desmembramiento de familias y
comunidades, así como el debilitamiento de los lazos culturales
que conformaban su cohesión.
66. Las estimaciones sobre el número de desplazados va desde 500
mil hasta un millón y medio de personas en el periodo álgido (1981-1983),
incluyendo las que se desplazaron internamente y las que se
vieron obligadas a buscar refugio en otro país. La variabilidad
de estas cifras refleja la naturaleza cambiante del desarraigo.
Unas 150 mil personas buscaron su seguridad en México. Cerca de
la tercera parte de ellas se ubicó en campamentos y contó con
el reconocimiento del estatus de refugiado por la oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur).
Otras 50 mil personas vivieron como refugiados dispersos en
Chiapas, mientras el resto se arraigó en la capital mexicana o
en otras ciudades de dicho país. Hubo también flujos menores de
personas que se encaminaron hacia Honduras y Belice, así como a
los Estados Unidos de América. No obstante, todos compartieron
situaciones semejantes: la pérdida de familiares y la destrucción
de sus bienes materiales, que a menudo abarcaba todo el
patrimonio familiar acumulado durante generaciones, así como la
alteración violenta del curso de sus vidas.
67. Mediante su investigación la ceh constató que la población
que huía se vio forzada a desplazarse constantemente mientras
permanecía en el país, en gran medida para eludir las
operaciones militares dirigidas en su contra a pesar de su
indefensión; en parte para buscar comida, agua y refugio. La
persecución militar, el constante movimiento y la amenaza de la
muerte dificultaban enormemente la subsistencia. La vida a la
intemperie, la desnutrición y los severos traumas emocionales
por haber presenciado un sinnúmero de atrocidades, dejaron a la
gente vulnerable, sobre todo los niños y ancianos, quienes
murieron en gran número durante la huida y el desplazamiento.
El reasentamiento militarizado y la estigmatización de los
desarraigados
68. A partir de 1983 la estrategia del Ejército frente a la
población desplazada propuso lograr el control de la misma,
recurriendo a la concesión de amnistías para el posterior
reasentamiento de las personas en comunidades altamente
militarizadas. La organización de los pobladores en las pac, el
nombramiento militar de los alcaldes y alcaldes auxiliares, la
creación de las Coordinadoras Interinstitucionales para asegurar
el control castrense sobre las instituciones estatales y sociales
en todos los niveles jurisdiccionales, la ampliación de las
actividades de Asuntos Civiles del Ejército (S-5), que se
encargaron de las operaciones psicológicas de "reeducación"
de la población, así como la construcción de aldeas modelos en
las regiones más conflictivas, fueron los mecanismos más
importantes para asegurar el dominio sobre los reasentamientos.
69. La ceh ha comprobado que la estigmatización de la población
desarraigada promovida por el Estado fomentó y ha perpetuado en
muchos casos la ruptura comunitaria. Al acusarlos de ser
guerrilleros o trasmitir el mensaje de que eran los responsables
de la conflictiva situación, se obstaculizó el regreso de los
desarraigados a sus lugares de origen y se contribuyó a su
marginación por parte de los sectores que permanecieron en las
comunidades. Para los desplazados internos que fueron detenidos
en el curso de operativos militares o que se presentaron a las
autoridades para reintegrarse a sus comunidades, la situación
fue aún más complicada, ya que muchas veces fueron aislados
durante un tiempo en campamentos especiales o en los
destacamentos militares, sometidos a interrogatorios e intensos
procesos de reeducación.
El anonimato de los desplazados en la capital
70. En el caso de las personas que buscaron refugio en la capital,
el temor a ser localizados y convertidos nuevamente en objetos
prioritarios de la represión determinó que buscaran preservar
su anonimato como estrategia de supervivencia, pues su lugar de
origen, su nombre, y hasta la falta de documentos personales, podían
resultar motivos de sospecha de vínculos con el movimiento
insurgente.
Resistencia e identidad de los desplazados
71. Los testimonios de los desplazados internos recibidos por la
ceh revelan una actitud de resistencia al control militar y de
defensa de la vida, no sólo en su sentido físico, sino también
en lo referente a reguardar la propia identidad en sus
dimensiones culturales y políticas. La experiencia de
resistencia para preservar su identidad, adquirió una diversidad
de formas y provocó importantes variaciones precisamente en ésta.
La interacción con otros grupos étnicos, con habitantes de la
ciudad, con personas de otros países, con otros sistemas
educativos, con diferentes entornos naturales, además de las
vivencias de la persecución y la muerte, transformaron ese
elemento de relación que es la identidad, para producir una
sociedad guatemalteca marcada por el enfrentamiento, pero también
fortalecida potencialmente en la experiencia de la diversidad.
Los costos económicos del enfrentamiento armado
72. Basada en su investigación sobre los costos económicos del
enfrentamiento armado, la ceh estima que, tan sólo durante los
diez años comprendidos entre 1980 y 1989, se produjo una serie
de costos directos cuantificables, que en su conjunto fueron
equivalentes a dejar de producir por completo en Guatemala
durante casi 15 meses, al representar el 121% del Producto
Interior Bruto (pib) de 1990.
73. El mayor de estos costos (equivalentes al 90% del pib de 1990)
resultó de la pérdida de potencial productivo por la muerte,
desaparición o el desplazamiento forzado de personas que
tuvieron que abandonar sus actividades laborales cotidianas o
como secuela del reclutamiento de los pobladores para las
Patrullas de Autodefensa Civil, en el Ejército o la guerrilla.
La destrucción de capital físico, incluyendo bienes privados,
comunitarios y de infraestructura, tales como puentes y torres eléctricas,
también arrastró consigo cuantiosas pérdidas (más del 6% del
pib de 1990). Este fenómeno implicó en muchas ocasiones la
destrucción total de capital familiar, en su gran mayoría de
familias mayas, sobre todo en el occidente y noroccidente de
Guatemala.
74. Apoyándose en la investigación, la ceh concluye que el
incremento del gasto militar que se produjo durante el
enfrentamiento armado desvió las necesarias inversiones en salud
y educación como destino de los recursos públicos, con el
consiguiente abandono de la atención al desarrollo social. Esto
aceleró el deterioro de las condiciones de salud y educación en
las áreas más afectadas por el conflicto.
75. El enfrentamiento armado exacerbó también la tradicional
debilidad del Estado al encarar la recaudación tributaria e
intensificó la oposición del sector privado a las necesarias
reformas fiscales. Esto quedó reflejado en el hecho de que, en
el periodo comprendido entre 1978 y 1984, la carga tributaria
disminuyó ininterrumpidamente, llegando en ese último año a un
7.1%, índice que marcó el nivel más bajo registrado en los últimos
cincuenta años. Los efectos fueron decisivos: aumentó la brecha
entre ingresos y gastos, encadenando una serie de desequilibrios
macroeconómicos y debilitando aún más la capacidad del Estado
para impulsar el desarrollo.
76. La comparación del desempeño macroeconómico de Guatemala
con otros países —principalmente Honduras y Costa Rica
durante los ochenta— sugiere que, como consecuencia del
enfrentamiento armado interno, se perdieron oportunidades de
crecimiento económico que, sólo durante la década estudiada,
eran equivalentes a alrededor de 14% del pib de 1990. Asimismo
hubo otros costos no cuantificables relacionados con la destrucción
del capital humano y social del país que, además de las pérdidas
económicas directas que representaron, comprometieron seriamente
el desarrollo futuro del Estado y de la sociedad guatemalteca. Lo
expuesto permite a la ceh concluir que la sociedad en su conjunto,
y no sólo las poblaciones directamente afectadas, ha tenido que
asumir altos costos como consecuencia del enfrentamiento.
La solidaridad y la defensa de los derechos humanos
77. La ceh concluye que la represión no sólo generó terror,
pasividad y silencio. Paralelamente y con altibajos en distintos
momentos del enfrentamiento armado, surgieron respuestas
individuales y colectivas ante los efectos deshumanizadores y
denigrantes de la violencia. Contra grandes obstáculos, las
entidades que emergieron de este proceso se dedicaron a la
defensa de la vida, aun cuando todavía implicaba convivir con la
amenaza de la muerte. Con una composición mayoritaria de
familiares de víctimas y las comunidades sobrevivientes, los
fundamentos esenciales de estas nuevas agrupaciones fueron la
solidaridad humana, la defensa de los derechos elementales de la
persona y las aspiraciones de respeto a la dignidad y la justicia.
A la vez contribuyeron a reivindicar el ejercicio de los derechos
ciudadanos, dentro del propio marco legal del país.
78. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos
desarrollaron trabajos decisivos para afirmar nuevos principios
de convivencia y contribuir a la restauración del tejido social.
Aunque emergieron desde los sectores más afectados por el
enfrentamiento, sus reivindicaciones trascendieron de inmediato a
otros sectores más amplios de la sociedad. De modo especial
durante los últimos años del enfrentamiento armado, diversas
agrupaciones cívicas, tomando en cuenta la profunda relación
entre la impunidad de quienes ejercían la violencia sistemática
y la persistente militarización de la sociedad, buscaron
estrategias y acciones que arrebataran el espacio de poder y
preeminencia del Ejército sobre la vida social y política
guatemalteca. La ceh considera que todos estos esfuerzos
fomentaron una nueva conciencia de la necesidad de la justicia,
el respeto a las leyes y la plena vigencia de un Estado de
Derecho como requisitos de la democracia.
El movimiento maya
79. A juicio de la ceh el movimiento maya se afirmó durante los
últimos años del enfrentamiento armado como un sujeto político
fundamental. En su lucha contra la exclusión que sufren desde la
fundación del Estado, han realizado importantes contribuciones
en el ámbito de la multiculturalidad y la paz. Estas
proporcionan bases ineludibles para que la sociedad en su
conjunto revise su historia y se comprometa en la construcción
de un nuevo proyecto de nación que recoja su naturaleza
multicultural y que sea incluyente, tolerante y orgulloso de la
riqueza que suponen sus diferencias culturales
--------------------------------------------------------------------------------
1 A lo largo de estas conclusiones se presentan algunas cifras
que corresponden únicamente a los casos documentados por la ceh.
Representan una muestra de las violaciones de los derechos
humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado.
Informe completo de la Comisión para
el Esclarecimiento Histórico: 