El
colapso de la democracia en Latinoamérica
Augusto Zamora R.
Argentina está en crisis. El país andino se
debate en una prolongada
crisis política, económica y social que ha
provocado un éxodo sorprendente
a raíz de la bancarrota del Estado. Hace un
siglo, era una de las 20
naciones más ricas del planeta en una lista que
dejaba fuera a muchos
países europeos, entre ellos España. Hoy, el 30%
de sus habitantes desea
abandonar Argentina, sobre todo los jóvenes. El
país otrora receptor de
emigrantes, sinónimo de esperanza y de progreso
económico, se ha
convertido en tierra de emigración y
desesperanza. Pero el colapso
argentino no es el único.
Hace apenas un mes, se celebraba en Costa Rica la
XXXI Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA), que
pasó por los medios
españoles con más pena que gloria. El tema más
relevante de la agenda -la
aprobación de la llamada Carta Democrática-
quedó pospuesto para la
próxima reunión, que se celebrará en Perú en
octubre de este mismo año. El
mismo día de la inauguración de la asamblea, el
secretario general de la
organización, el ex presidente colombiano César
Gaviria, advertía sobre
«las amenazas a la democracia en nuestro
hemisferio». Se refería a las
crisis que habían afectado en los últimos años
a Ecuador, Guatemala, Haití
y Perú. Corto se quedaba Gaviria en la lista de
países, obligado a no
herir demasiadas susceptibilidades.
Con excepción de cuatro países (Chile, Uruguay,
Costa Rica y Panamá) y la
singularidad de otro (Brasil), cuya inmensidad
territorial le permite
disfrazar el impacto de las desigualdades (al
costo de vender extensiones
de territorio mayores que Irlanda, deforestar la
Amazonía y sacrificar a
los pueblos aborígenes), América Latina ofrece
un panorama desolador de
desigualdad, pobreza, endeudamiento, emigración
y, consecuentemente,
volatilidad política y social.
Nada ilustra mejor el fracaso de los sistemas
imperantes que la marejada
migratoria que desvertebra a la región, de la
Patagonia al río Bravo. No
son únicamente argentinos los expulsados de su
patria. No es Ecuador, con
sus 800.000 emigrados, el país que ostenta el récord
del éxodo
poblacional. De El Salvador han huido en los últimos
seis años un millón y
medio de personas. De Nicaragua, un millón.
México, merced a su vecindad con el imperio, se
beneficia de la tolerancia
hacia la riada de desheredados (18 millones de
mexicanos han emigrado),
gracias a lo cual el sistema, aunque cruje, no
estalla. Haitianos y
dominicanos, desamparados en su insularidad,
huyen como y hacia donde
pueden. Los haitianos, a República Dominicana y
al mar. Los dominicanos, a
EEUU y España. Centroamérica se ha convertido
en zona de paso para miles
de ecuatorianos y peruanos. Colombianos y
venezolanos intentan el acceso
directo a EEUU. La región, con las excepciones
indicadas, expulsa a
millones de hijos en el mayor drama humano de su
historia desde la
independencia.
Las consecuencias del colapso latinoamericano están
cotidianamente en los
medios de prensa, aunque poco o nada suele
decirse sobre sus causas. Tras
décadas de dictaduras feroces y gobiernos
represivos que en Chile,
Paraguay y Guatemala siguen pasando factura, la
región vio el advenimiento
de sistemas más o menos democráticos. Se creyó
que, al fin, prosperidad y
libertad podrían convivir dentro de sistemas políticos
y económicos donde,
por una vez, cupieran todos. Retornaron
centenares de miles de refugiados
y perseguidos políticos, desapareció el horror
a ser arrestado, muerto o
desaparecido. El fin de la Guerra Fría permitió
acabar con los conflictos
armados -algunos duraban décadas-, que asolaban
a varios países. Se pensó
que, concluidas las crisis internas, retornarían
los capitales evadidos,
mejorarían los intercambios económicos con
otras regiones y países,
disminuirían las atroces desigualdades y habría
más oportunidades.
No fue así. Bajo la ola neoliberal y la presión
de los organismos
financieros multilaterales, de las
multinacionales y de los gobiernos de
los países ricos, las naciones latinoamericanas
sacaron a subasta sus
riquezas. En un tiempo récord desmantelaron los
estados, privatizaron
empresas públicas, recursos naturales y
servicios sociales. Las empresas
extranjeras realizaron negocios escandalosos
comprando a precio de saldo
el patrimonio estatal y nacional. El desarme
arancelario provocó la
quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas
nacionales, incapaces de
enfrentar la competencia de poderosas
transnacionales.
España fue uno de los países que aprovechó
mejor las rebajas. Bancos y
empresas privadas y públicas -algunas
oportunamente privatizadas-
invirtieron más de 40.000 millones de dólares
logrando crear en pocos años
emporios inimaginables (además de crisis
internas con consecuencias
políticas como la de Aerolíneas Argentinas). A
las privatizaciones seguían
despidos masivos.
En Argentina y Brasil, las ciudades industriales
alcanzaron niveles
desconocidos de desempleo superiores al 20%. En
medio del festín, la
corrupción se hizo endémica, provocando, además
del desarme moral, un
incremento espectacular de las desigualdades en
una región ya célebre por
ello.
Las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica
ejemplifican el
aumento de la desigualdad en el ámbito
internacional. Desde 1993 el
intercambio birregional ha pasado del superávit
(que en 1990 era de 12.884
millones de dólares sólo para MERCOSUR) al déficit
(que alcanzó los 16.000
millones en 1998) con una particularidad:
Latinoamérica importa productos
de alto valor añadido y exporta materias primas
(café en grano, plátanos,
petróleo crudo, minerales). Este modelo
reproduce la clásica estructura de
los intercambios Norte-Sur.
La tasa promedio anual de crecimiento de las
exportaciones europeas hacia
América Latina fue del 12,5%, frente al exiguo 1,7%
de las importaciones.
El intercambio entre la UE y Mercosur (80% del
intercambio birregional) es
cada día más asimétrico: entre 1993 y 1997,
las exportaciones de la UE
crecieron un 343%. Las del Mercosur un 25%. El
intercambio desigual se
manifiesta de otra forma. En Latinoamérica, las
empresas extranjeras se
benefician del desarme arancelario. EEUU y la UE,
por el contrario, oponen
un duro proteccionismo a los productos agrícolas
dejando fuera de juego
uno de los sectores más competitivos de la región.
En 1998 la OCDE se gastó 362.000 millones de dólares
en subvencionar el
sector agropecuario so pretexto de proteger la
agricultura europea. En la
otra orilla, según informe del BID de abril de
2000, la pobreza rural ha
empeorado con relación a 1980. La ruina y
degradación del campo ha
multiplicado el éxodo hacia las ciudades,
agravando la crisis de servicios
y empleo en unas urbes ya de por sí saturadas.
Por otra parte, la
celebración de elecciones rituales -que quienes
no sufren pobreza ni
marginación consideran prueba suficiente de
democracia- hace olvidar que
los gobiernos electos no dudan en usar la represión
para sofocar el
descontento social. En Venezuela, desde 1994,
Rafael Caldera gobernó con
poderes de emergencia y en 1995 amenazó con
recurrir al Ejército para
aplacar las protestas sindicales. En Bolivia, en
abril de 1995, el
presidente Sánchez de Losada decretó el estado
de sitio. El Gobierno de
Fujimori, en Perú, degeneró en dictadura. La
firma de la paz en Guatemala
no ha logrado que desaparezca el terrorismo de
Estado. Colombia vive bajo
estado de emergencia permanente. En Nicaragua las
protestas sociales han
dejado una decena de muertos en los últimos años
y el país está sumido en
la parálisis y el caos. En Brasil, en 1996, la
Policía Militar disparó
contra 1.500 campesinos del Movimiento Sin Tierra
matando a 19 e hiriendo
a 70.
La incapacidad de los sistemas políticos de dar
respuesta a las
necesidades sociales explica un fenómeno inédito
en un subcontinente
marcado por el caudillismo: el derrocamiento o
destitución de presidentes
por medio de revueltas populares. Collor de Melho,
en Brasil, inauguró la
lista. Las protestas en Ecuador tumbaron a dos
presidentes. Otros cayeron
en Guatemala y Paraguay. Fujimori fue el último.
Poca atención se ha
prestado a la causa última del fenómeno, que no
es otra que el descontento
generalizado ante la escandalosa corrupción, el
fracaso de los modelos
económicos y la extensión de la pobreza y el
desempleo. Las revueltas
contra los presidentes deben entenderse como
sublevaciones contra el
sistema por ellos representado, frustradas por la
acción combinada de las
Fuerzas Armadas, ciertos gobiernos extranjeros y
las cleptocracias
gobernantes para mantener un modelo fracasado.
El malestar creciente y la desesperación de los
desfavorecidos están en la
base de dos de los acontecimientos más
singulares de los últimos años. En
primer lugar, el triunfo electoral de Hugo Chávez
en Venezuela, que puso
fin al decrépito sistema bipartidista instaurado
en 1959 que arruinó al
país a pesar del maná petrolero. En segundo
lugar, el fin de 70 años de
priísmo en México, que sería imposible de
explicar sin el shock provocado
por las políticas neoliberales de Salinas de
Gortari y Ernesto Zedillo que
enterraron el sistema paternalista que caracterizó
la política del PRI,
sobre todo desde el gobierno de Cárdenas. Cabe
recordar que
privatizaciones y desarme arancelario provocaron
que el salario cayera un
23% y que la pobreza se extendiera a más de 40
millones de mexicanos.
El éxodo latinoamericano es la expresión más
dramática del fracaso de las
democracias neoliberales, excluyentes y corruptas.
La autodestrucción de
la Unión Soviética, la parálisis de la
izquierda y la memoria viva de los
horrores sufridos bajo las dictaduras fascistas
han provocado que el
descontento mayoritario y la ruina económica no
desemboque -con excepción
de Venezuela- en revoluciones, ya democráticas,
ya violentas.
El descontento, que antes se canalizaba hacia la
militancia política o la
insurgencia, toma hoy forma de éxodo, que es la
opción de quienes han
perdido toda esperanza de que el país pueda
cambiar o el sistema mejorar.
El éxodo hará más profundo el subdesarrollo y
el atraso, pues los
emigrantes pertenecen a los sectores más dinámicos.
Podrán los países ricos elogiar los sistemas
políticos latinoamericanos en
la medida en que han permitido el enriquecimiento
de sus empresas
nacionales. Para los países latinoamericanos,
sin embargo, esos sistemas
han significado un cúmulo sin fin de fracasos,
lo que recuerda que sigue
abierto el reto de inventar y construir sistemas
políticos propios, que
junten democracia política y democracia económica;
desarrollo económico y
justicia social. La crisis regional confirma lo
sabido: si las imitaciones
sirven para poco, los remedos acaban en catástrofe.
Los sistemas políticos
funcionan cuando resultan de cada realidad
nacional. Para servir a los
pueblos, no para destruirlos; para promover el
bienestar general, no para
enriquecer a minorías nacionales y extranjeras.
Por eso mismo, vistos los
resultados y atendiendo a las perspectivas
inmediatas, hablar del éxito de
la democracia en Latinoamérica sabe a burla. A
sumar, a los cuernos,
palos.
(*) Augusto Zamora R. es profesor de Derecho
Internacional y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de
Madrid
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