Fernando de la Rúa se fue como quien desangra

En sólo 740 días de mandato, al ordenar una represión sin límites y
dilatar su renuncia generando un vacío institucional, De la
Rúa logró consumar el final más sangriento de la última etapa
democrática. Lo reemplazará el peronista que elija hoy a las 11 la
Asamblea Legislativa.

Por Martín Granovsky
Es famoso el final de Don Segundo Sombra: "Se fue como quien se
desangra". Habría que reescribirlo para Fernando de la Rúa: "Se fue como
quien desangra". Renunció después de haber maniatado políticamente al
Estado y sus dilaciones de último momento, lo mismo que su obsesión
puntillosa por redactar la renuncia de puño y letra o cambiar frases en
los discursos cuando todo estaba jugado, dejaron en pie su último legado:
22 muertos en todo el país, la mayoría de ellos por la represión policial
más salvaje que se recuerde desde la recuperación de la democracia.
Después de las 19, De la Rúa llamó al canciller Adalberto Rodríguez
Giavarini y le mostró el texto de la renuncia. Después ordenó enviarla al
Senado para que la trate la Asamblea Legislativa. Saludó uno por uno a los
mozos, reunió a las secretarias y decidió partir. El edecán y Rodríguez
Giavarini lo acompañaron hasta el helicóptero. A las 19.52, el aparato
despegó del techo de la Casa Rosada. Pasó junto al edificio del Banco
Nación, se elevó y comenzó los últimos ocho minutos de vuelo a Olivos.
Debajo, la Plaza de Mayo era un mar de cascotes, cartuchos de gas
lacrimógeno y vainas de armas de fuego. En lugar de vallar con mayor
solidez la Casa de Gobierno, la Policía Federal, por orden del ministro
del Interior Ramón Mestre y el secretario de Seguridad Enrique Mathov,
había optado por emprender una cruel represión. Se veía más saña que
espíritu preventivo, más bastones y, quizás, armas de uso irregular que un
dispositivo ordenado para evitar daños y dejar que se expresara el libre
derecho de reunión.
El helicóptero yéndose era una imagen repetida.
Así fue la salida de Alejandro Lanusse en 1973. La plaza cantaba: "Se van/
se van/ y nunca volverán".
Volvieron. El 24 de marzo de 1976 el helicóptero se llevó a Isabel Perón.
El 19 de abril de 1987, el helicóptero llevó a Raúl Alfonsín a Campo de
Mayo y lo trajo de vuelta. Antes del Felices Pascuas, fue aclamado.
La huida de De la Rúa no tenía nada que ver con las tres situaciones
anteriores. No lo había derrocado un golpe, ni era él mismo un presidente
de facto, y tampoco debía marchar a enfrentar la conjura o encarar una
negociación con un grupo de oficiales golpistas. Su salida fue el caso de
mayor licuación de poder en el menor tiempo posible más fabulosa que
recuerde la historia argentina. Y también un record de muertes gratuitas:
Cuando De la Rúa habló a las 22.41 del miércoles anunciando que
implantaba el estado de sitio y no dio, en cambio, ninguna señal política,
ya era un muerto institucional. La combinación de vacío de autoridad y
órdenes de represión salvaje produjo los primeros cinco muertos.
Cuando De la Rúa habló ayer por la tarde y no renunció, aunque estaba
claro que lo haría, su dilación profundizó el vacío. Y no hubo, además,
contraorden para la represión, que fue cada vez más encarnizada.
El Gobierno entendió el estado de sitio como una virtual leva para matar,
pegar con bastones largos, detener ciudadanos arrastrándolos de los pelos
decenas de metros y, para colmo, hacer todo de manera ineficiente. Ninguna
de estas medidas impidió la violencia en el centro, que se tradujo en la
quema de negocios en pleno obelisco o de camionetas a sólo tres cuadras de
Plaza de Mayo.
Su discurso tuvo el mismo efecto paradójico que el del miércoles. Aquel
provocó al cacerolazo espontáneo. El de ayer dejó una interpretación
coincidente, dividida en dos partes. Primera: De la Rúa estaba llamando a
los peronistas a un consenso solo para que (pura formalidad) quedase claro
que podría renunciar si ese consenso no se lograba. Segunda: a esa altura
era obvio que no habría consenso para De la Rúa y que cualquier dilación
significaría más violencia, más represión y más muertos. Hubo más muertos.
Si la cifra definitiva es de 22, serán más que los 14 de los saqueos del
‘89 o los 15 provocados por los carapintadas de Mohamed Alí Seineldín en
1990. Una situación que anoche se conectaba con el dato, sin precedentes,
de que en algunos barrios del Gran Buenos Aires los saqueos habían pasado
de los comercios a casas.
El blanqueo terminó con la pequeña economía de subsistencia, y desató los
primeros saqueos en Rosario.
La represión y el vacío político, más el hambre y la destrucción aguda de
ingresos, hicieron proliferar la violencia, y esa proliferación puede
llevar a un reclamo de orden y mano dura que liberaría las manos del
próximo gobierno como sucedió con Carlos Menem en 1989.
A medianoche no estaba claro quién encabezaría el próximo turno.
La ley de Acefalía que rige desde el 22 de julio de 1975 y nunca llegó a
aplicarse indica que la Asamblea Legislativa debe sesionar dentro de las
48 horas de la renuncia del Presidente si es convocada con los dos tercios
de los miembros de cada Cámara, 48 en el Senado y 171 en Diputados. Si
fracasara, a las 48 horas debería ser convocada otra vez y podría
funcionar con la mitad más uno de los miembros: 37 y 129. Según la ley, la
Asamblea no podría considerar y aprobar la renuncia de De la Rúa y dejar
para otra oportunidad la decisión sobre el nuevo presidente. Debería
mantenerse en sesión. La opción, entonces, es designar a un ciudadano
electo –legislador o miembro de un ejecutivo provincial o municipal– como
Presidente de la Nación en ejercicio hasta el 2003, o hasta el momento en
que entregue la banda al presidente definitivo, elecciones mediante. En
1973, el peronista Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados por
renuncia del presidente y el vice y ausencia del presidente provisional
del Senado, convocó a elecciones para el 23 de setiembre, que ganó Juan
Perón.
Gobernadores y dirigentes peronistas se reunieron ayer en San Luis,
invitados por el gobernador Adolfo Rodríguez Saá, aunque por un frente de
tormenta no pudieron llegar ni Ruckauf ni Eduardo Duhalde. Sí fue de la
partida el ex ministro del Interior de Menem José Luis Manzano, decidido a
pasar otra vez del campo empresario a la política pública.
Una variante era que el presidente provisional del Senado Ramón Puerta
fuese elegido presidente en ejercicio hasta el traspaso luego de
elecciones, quizás en 60 o 90 días.
Otra era que Puerta fuese elegido hasta el 2003, final del actual período
que De la Rúa no pudo completar porque llegó solo a 740 días.
La tercera, que el elegido fuese Rodríguez Saa.
La cuarta, que fuese Duhalde.
En las últimas dos posibilidades, ninguno aceptaría ser presidente si solo
se tratara de un interinato hasta los comicios.
Anoche los dirigentes justicialistas otorgaban las mayores probabilidades
a la convocatoria a elecciones, y confiaban en que Puerta aceptaría.
Mientras, los economistas del peronismo debatían el paquete de medidas del
nuevo gobierno.
Habría un paquete social concebido con la idea de amortiguar la crisis y
contribuir a la reactivación.
No se descuidaría el déficit fiscal.
La devaluación se daba por segura, dejando flotar la paridad entre peso y
dólar con un límite hacia arriba y hacia abajo. La banda no estaba
definida. Deberá estar de aquí al miércoles, cuando podría reabrir el
mercado cambiario cerrado ayer por De la Rúa como una de sus últimas
medidas antes de volar.
La declaración formal de default era una perspectiva cierta. Si fuera por
las palabras de Rodríguez Saa, también debería preverse una moratoria, o
sea la negociación de un período de gracia en que los acreedores no
cobrarían capital o intereses de la deuda.
Algunas versiones hablaban de pesificación. Consistiría en convertir los
activos y los pasivos de dólares a pesos, y luego dejar flotar el dólar.
Si la pesificación se realizara con una paridad uno a uno –cada dólar de
un crédito o un depósito pasaría a valer un peso– los beneficiarios más
claros serían los deudores de créditos en dólares contraídos con entidades
radicadas en la Argentina. Algunos pasivos, así, quedarían licuados, o al
menos quedaría compensada la baja del ingreso real que sobrevendría sin
duda a una devaluación. Los ahorristas, como los tenedores de plazos
fijos, serían los perjudicados. Sus ahorros en dólares pasarían a pesos y
éstos valdrían menos frente al dólar. En cuanto a los bancos, los
analistas estiman que el impacto será doble. Positivo, por un lado, porque
los deudores quedarían en mejor condiciones de pagar sus créditos. Y
negativos, por otro lado, en los casos en que los bancos hubieran prestado
aquí en dólares utilizando fondos tomados en el exterior. En este caso,
para evitar el riesgo de quiebra los bancos deberían reponer esos fondos,
cosa que haría las delicias de los industriales y a la que las entidades
financieras naturalmente se resistirán.
De todos los nombres en juego, Puerta era hasta ahora el más menemista, es
decir el más cercano a la idea de la dolarización, y Duhalde el más
lejano, pero conviene recordar la historia pragmática de un partido que,
con el Justicialista, aplicó en distintas épocas la sustitución de
importaciones, el control de los depósitos bancarios, la nacionalización
del petróleo, el liberalismo más extremo, el estatismo y la desregulación.
El futuro económico es incierto. Lo inmediato es que la Asamblea
Legislativa aceptará hoy a las 11 la renuncia de De la Rúa, que
sigilosamente le acercaron ayer a las 20.30 dos funcionarios de la Casa
Rosada al prosecretario parlamentario del Senado Juan José Canals, un
radical alfonsinista, quien a su vez la entregó al peronista Juan Carlos
Oyarzún.

UN DIA SANGRIENTO
Luto 22 veces
Las últimas dos jornadas de crisis social dejaron, en todo el país,
26 muertos. Por lo menos. Ayer, los fallecidos fueron 22 y los
heridos se contaron de a cientos en Buenos Aires, la Capital,
Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Corrientes, Chubut, Neuquén y Tucumán.
En los más de cincuenta asaltos y saqueos a supermercados y
comercios hubo quince muertos.
Un matrimonio coreano se suicidó en la desesperación por haber
perdido su local, en Ciudadela.
Un joven de 21 años, identificado como Víctor Enrique, murió de un
balazo en el cuello cuando participaba del saqueo a un supermercado
en el barrio bonaerense Don Orione. A pocas cuadras, Roberto
Gramajo, de 19 años, moría al sufrir un balazo en la frente.
Un adolescente de 15 años, Julio Flores, fue asesinado a balazos
durante el asalto a un supermercado de Merlo.
Un chico de 14 años, Damián Ramírez, y Ariel Maximiliano Salas, de
30, murieron baleados durante un saqueo en Laferrère.
En San Francisco Solano, Quilmes, murió en un saqueo Pablo Marcelo
Guías, de 23 años.
En Villa Centenario, Lomas de Zamora, fue asesinada una joven de 29
años.
Romina Iturain, de 15, falleció de un balazo cuando estaba en su
casa, en Paraná, mirando cómo la policía reprimía una manifestación.
Rosa Paniagua, de 13, murió por un disparo mientras la policía
perseguía a saqueadores.
Otro adolescente fue asesinado en Córdoba cuando intentaba entrar
en un supermercado del barrio Villa Allende.
En Rosario, cinco personas murieron, entre ellas dos mujeres. Otras
46 fueron heridas en saqueos y enfrentamientos. Los muertos fueron
identificados como Claudio Lepratti, de 38 años; Graciela Acosta,
35; Juan Alberto Delgado, 28; Yanina García, 18; y Rubén Pereyra,
20.
En Cipolletti una mujer de 46 años murió tras un gresca con
efectivos policiales que intentaban reprimir un saqueo.
En Corrientes hubo una persona muerta y quince heridas de bala.


DE LA RUA, MESTRE Y MATHOV
Acusados por la represión
Mientras Fernando de la Rúa deshojaba la margarita de su renuncia,
la sangre corría justo enfrente de la Casa de Gobierno. La
desobediencia oficial a la orden judicial de detener la represión y
la repetida brutalidad policial dejaron como saldo la muerte de
cinco hombres jóvenes, que habían ido a la Plaza de Mayo a gritar
"basta". Y fue lo último que hicieron. Murieron por balas
disparadas, presumiblemente, por la Policía Federal: "Hay que
esperar las pericias forenses, pero parece que se trató de balas de
plomo", dijo a Página/12 el director del SAME, Marcelo Muro. En los
alrededores de la Casa Rosada y el Congreso, entre civiles y
uniformados, más de 500 personas requirieron traslados y auxilio
médico, según la Secretaría de Salud porteña. La jueza María Servini
de Cubría había ordenado al mediodía detener la represión pero
nadie, ni el Gobierno que se desmoronaba, ni las autoridades
policiales, hicieron caso. Por eso, el ex Presidente, y los hasta
ayer ministro del Interior, Ramón Mestre, secretario de Seguridad,
Enrique Mathov, y el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos,
fueron denunciados y podrían ser procesados criminalmente. De hecho,
la jueza los interrogaba anoche, a excepción de a quien ocupaba el
sillón presidencial, todavía a salvo tras los fueros del presidente
que fue.
A metros de la Plaza de Mayo, pasadas las 16, dos de los hombres que
habían ido a protestar contra un Gobierno que ya no existe
recibieron disparos en el tórax y en la cabeza. El primero alcanzó a
ser trasladado al Hospital Argerich. Pero no se pudo hacer nada.
Mientras, en Avenida de Mayo al 700, otro joven recibió un impacto
de bala que le ingresó por el cuello y salió atravesándole la nuca.
Algunos testigos afirmaron que la bala provino de una pistola
policial: en el lugar se encontraron cerca de treinta cartuchos
servidos de una 9 milímetros. "Se murió en plena calle -lamentó
Muro, a cargo del Sistema de Atención Médica de Emergencia–, porque
no pudimos llegar. Nos rompieron tres ambulancias."
Poco después, otros dos hombres recibían heridas de bala. Uno, en el
cruce de Rivadavia y 9 de Julio, fue herido en la espalda y murió
cuando era trasladado en una ambulancia del SAME al hospital
Argerich. La cuarta víctima, con un balazo en la cabeza, fue llevada
al Hospital Ramos Mejía donde falleció. Cuando el sol había caído,
el SAME confirmó la muerte de un quinto manifestante. Hasta anoche
se desconocían sus identidades. "No hay datos de filiación", fue el
escueto parte oficial. Sobre el total de víctimas, al menos quince
sufrieron heridas de bala. Todos proyectiles de plomo, según se
estimó. Además, unos cincuenta policías fueron internados con
diversas lesiones en el Hospital Churruca. Ninguno estaba grave.
Ante los homicidios y la violencia policial en el centro porteño,
Elisa Carrió, Alfredo Bravo y otros diputados del ARI denunciaron al
entonces presidente. La denuncia penal por homicidio, abuso del
poder y violación de los deberes de funcionario público alcanza a
los hasta ayer ministro del Interior y secretario de Seguridad
Interior. "Con la falsa premisa de mantener el orden", el Gobierno
dispuso el "estado de sitio" para dar paso a una "represión ilegal"
dice la denuncia que quedó a cargo de Servini de Cubría. Por la
tarde, la jueza exigió al todavía Presidente que le explicara por
qué se desobedeció su temprana orden de "cesación inmediata de la
represión indiscriminada". También le advirtió a De la Rúa que "se
encuentra en trámite un proceso criminal por los hechos de estado
público". Anoche, ante el pedido del fiscal Luis Comparatore,
Servini pidió la inmediata comparecencia de Mestre, Mathov y Santos.
Al cierre de esta edición, Mathov y Santos eran interrogados en los
tribunales de Retiro.

Página/12