Durante la realización del curso de Seminario I, en la Extensión Universitaria de Barberena, en el primer semestre de 1998, se planteó incluir el tema de la Historia de la Administración Educativa en Guatemala, como parte del Marco Teórico de una investigación relacionada con las nuevas tendencias en administración educativa.
Puesto que el grupo que yo integraba tuvo asignado el tema empecé a percatarme de la importancia de un estudio retrospectivo en materia de leyes educativas, no solo para contar con una herramienta para el investigador educativo como también para comprender la razón de diversas problemáticas y males crónicos de la educación en Guatemala.
En el curso de esta investigación retrospectiva logré establecer bloques cronológicos que enmarcan la presencia de diversas tendencias políticas, culturales e históricas.  Por esta razón este estudio divide la cronología legal en etapas que engloban tendencias políticas divergentes pero que al contemplarse contra la luz emanada por la historia de las tendencias en administración privada y pública quedaban plenamente justificadas.
En este sentido el investigador versado no tendría dificultad en justificar una primera etapa, que va de 1998 a 1944 abarcando los gobiernos de tradición liberal y generalmente dirigidos por militares.
Sin embargo, al pensar en la razón por la que se enmarcan en una sola tendencia los gobiernos revolucionarios de Arévalo a Arbenz junto con los de sus antagonistas inmediatos, de Castillo Armas a Ydígoras Fuentes, es posible que haya necesidad de explicar con mayor soltura el motivo.
La razón es simple, pero poco visible para quien ve sucesos amontonados en el tiempo, siendo que en esta etapa la educación pública guatemalteca comienza a insertarse en el mundo de post-guerra, exigiéndose paulatinamente un proceso de planificación a gran

escala y a largo plazo.
Este proceso de planificación de la educación comienza a madurar desde el gobierno de Arévalo Bermejo pero no adquiere un carácter de constante administrativa sino hasta en el periodo que va entre los gobiernos de Peralta Azurdia y de Lucas García.
Después de la consolidación de una práctica administrativa moderna en la educación guatemalteca, con procesos de planificación a largo plazo, programas de integración regional y de especialización de docentes, se sucede una etapa de modernización que puede fragmentarse en tendencias.  De 1982 a 1985 ocurre la transición a los gobiernos civiles, en la que el repliegue gradual del control del Ejército Nacional sobre las instituciones va acompañado de un creciente protagonismo de instituciones constitucionalistas y de defensa de los derechos humanos. 
Luego se sucede el primer gobierno civil del último cuarto de siglo, aislado en cuanto a tendencia probablemente debido a su carácter de transición.  Sus logros mas permanentes fueron la división geográfica del territorio en Regiones Educativas, que no perduró, y la emisión de una nueva Ley de Educación, vigente al terminar el siglo.
De 1991 a 1999 se da otro bloque histórico en el que el Ministerio de Educación asume políticas cada vez mas descentralizadoras, radicalmente distintas a las tendencias de las etapas inmediatamente anteriores.
Sin embargo, el impulso dado a la descentralización, con mayor contundencia en los gobiernos de De León Carpio y Arzú Irigoyen, adquiere un carácter distinto a lo largo del primer año de administración de Portillo Cabrera, especialmente en el último mes del año 2000.  Aunque esta cronología no abarca la etapa total del este último gobierno el autor puede anticipar que tal periodo será sumamente interesante desde el punto de vista de la historia de la Educación en Guatemala.