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México - Guerrillas, una nueva etapa

La reaparición del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la búsqueda de una coordinación con otros grupos armados, configura un nuevo escenario que reconoce diferentes aristas y vertientes.

Por Jorge Lofredo (Resumen Latinoamericano)

En el ámbito de las agrupaciones armadas clandestinas, la coordinación no constituye un hecho novedoso -ni para el ERPI como tampoco para otras siglas-; aunque la ocasión supone vislumbrar el llamado desde otra dimensión. Los últimos comunicados de Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR) se referencian hacia el mismo lugar, y en la conferencia de prensa ofrecida por el Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28), el capitán Silvano subrayó la vocación de confluencia junto a la Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento y hasta con el mismo Ejército Popular Revolucionario (EPR), no así con el ERPI.

La experiencia de la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos (Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, Ejército Villista Revolucionario del Pueblo y CJ-28), es uno de los antecedentes inmediatos de construcción conjunta. Sin embargo, la realidad que enfrentan las organizaciones supone un 'salto cualitativo', en cuanto a la conformación de un polo insurgente, ante el riesgo cierto de extinción, y que condiciona particularmente al ERPI luego de la caída del comandante Antonio y la coronel Aurora, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arena Agís, sus dos máximos referentes.

Producto de la dispersión, los grupos clandestinos del EPR son a menudo frágiles y aún cuando se reconocen por su alta ideologización y cohesión interna están sujetos a la dispersión de sus integrantes. Los esfuerzos por la conjunción de actividades también reconoce esta necesidad de superar la intrascendencia, como una forma de respuesta a la fragmentación, que los vuelve invisibles a los ojos sociales y objeto de la más violenta persecución, represión y aniquilamiento.

La coordinación plantea también otra distinción: el reagrupamiento de expresiones integradas primariamente por cuadros políticos y militares que conformaron el proyecto inicial del EPR. Al respecto, el eperrismo es la instancia de unificación de catorce organizaciones clandestinas que luego asumirán la lucha armada con la primera aparición pública en el vado de Aguas Blancas. El proceso de ruptura posterior -del ERPI se conoce su existencia a partir de la masacre de El Charco, en junio de 1998-, provocó la formación de otros grupos distintos a los que originalmente confluyeron en el EPR. (La Coordinadora José María Morelos no es ajena a la dinámica de las escisiones y posterior reunificación alrededor de nuevas entidades.) Y aunque el ERPI remarcó la distancia entre ambos movimientos, ninguna decisión desde el ámbito de la clandestinidad puede prescindir del EZ ni del eperrismo.

En efecto, el EPR parteaguas de la guerrilla en Guerrero y para los demás grupos radicales, pero no alcanza más allá de las fronteras del estado, aún cuando realizó incursiones militares que no se limitaron geográficamente al sureste mexicano, región donde se reconoce la presencia mas activa de las guerrillas mexicanas: ello circunscribe la dinámica del conflicto armado a una realidad meramente local.

Pero el largo proceso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que concluyó con la traición del Senado en materia de derechos y cultura indígena y su posterior ratificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a los insurgentes a volver la mirada sobre los zapatistas, pues de esta experiencia se desprende la cancelación de los espacios institucionales a la vez que revitaliza la estrategia clandestina y armada. De ello no puede desprenderse que el EZ vuelva a las armas, pues su estrategia apuntala la constitución de municipios y comunidades autónomas por la vía de los hechos, pero condiciona las políticas internas de los grupos armados.

Por último y como agravante, las condiciones objetivas que sustentan la lucha armada, el 'caldo de cultivo' de la guerrilla, aún continúan vigentes. Las condiciones económicas y sociales que impera en el estado reconoce un agravante fundamental: la persistencia de situaciones políticas y la persistencia del autoritarismo, cacicazgos, la militarización y la violación a los derechos humanos que encuentra en las comunidades indígenas los sectores más vulnerables.