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Las tiranías latinoamericanas

Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada

En un periodo en el que se piensa que los alzamientos militares y las tiranías
son cosa del pasado, la justicia continúa su marcha. Juzgar a los tiranos y no
permitir la impunidad es el mejor reconocimiento para evitar caer en tentaciones
totalitarias. Sin embargo parece ser que mientras la justicia pretende ejercer
su cometido, el poder político se empeña en poner trabas a la acción judicial.
En América Latina nuestras elites no comparten el criterio democrático de una
ley igual para todos. Aún hay quienes se sienten seguros y vanaglorian de evadir
la acción judicial y quedar en la más absoluta impunidad gracias al corrupto y
miserable comportamiento de quienes deberían tener la obligación de dar ejemplo.
Me refiero a los cargos electos en ejercicio del poder político.
Salvo en Argentina, en países como Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia se
sigue sin encausar a los máximos y directos responsables de las políticas de
genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante los años que los generales
usurparon el poder. Tiempo donde se urdió una de las maniobras mas despreciables
para acabar con la vida de militantes de izquierda en los países del Cono Sur
sometidos a regímenes militares: la Operación Cóndor. En un intento de aplicar
medias tintas, por ejemplo, se juzga a mandos intermedios con el fin de expiar
pecados. En cualquier caso, la política ha sido evitar juicios ejemplares donde
se sentaran los verdaderos artífices de tan horrendos crímenes de lesa
humanidad.
Perdón sin olvido no es perdón. Así reza la máxima pragmática establecida en
1905 por George Mead. Para poder vivir en la más completa degradación e
ignominia se torna imprescindible la pérdida de memoria. Mas importante que
perdonar, cuestión que no debe afectar la acción de la justicia, es no tener
conciencia. Hay que olvidar.
Cualquier intento de pedir responsabilidades puede alterar el pacto de
gobernabilidad entre militares, elites económicas, políticas y fuerzas
exteriores sobre las cuales se acordó la Ley de Punto Final y el
restablecimiento de un orden de libertades mínimas y restringidas. Regímenes
electorales más que democráticos. Cuando surgen escaramuzas o se levantan voces
díscolas pidiendo el enjuiciamiento de tiranos en vacaciones éstos tienen
testaferros que asumen su defensa. Personajes que se apresuran a eximir de culpa
a torturadores y genocidas. Este es el caso de la mayoría de los actuales
dirigentes de partidos políticos en otro tiempo perseguidos, declarados en la
ilegalidad y cuyos militantes fueron detenidos y asesinados por las policías
políticas de las tiranías.
Sin el más mínimo respeto a las vidas humanas y los principios éticos sobre los
cuales dicen articular sus vidas y proyectos de cambio social, antiguos
perseguidos se transforman en cómplices y encubridores de los más siniestros
personajes. Aludiendo a una falsa legitimidad supuestamente ganada en la lucha
contra la tiranía se rodean de un halo protector que los inmuniza de las
críticas por su cobardía. Responden con indignación y descalifican a quienes
pretenden que la ley y la justicia se cumpla, tachando de desestabilizadores a
quienes han luchado por la democracia sin pedir ningún cargo público como
recompensa o pago por servicios prestados. De esta manera, los defensores de
tiranos y torturadores transforman y tildan las actividades de las asociaciones
de familiares de detenidos y desaparecidos, de presos políticos en
organizaciones cuasi terroristas.
Por suerte, y a pesar de la Ley de Punto Final, el magistrado argentino Rodolfo
Canicoba Corral ha pedido a la justicia boliviana la extradición del ex general
golpista boliviano, Hugo Bánzer. El hasta hace pocos meses presidente
constitucional de Bolivia, obligado a dimitir por problemas de salud, previó
esta posibilidad. Antes de abandonar el gobierno formal articuló una red
protectora con el fin de evadir la acción judicial y no verse involucrado en los
asesinatos y desaparición de ciudadanos argentinos, chilenos, paraguayos,
bolivianos, brasileños y uruguayos cometidos durante el periodo que duro la
Operación Cóndor. Fue un pacto implícito: me voy pero dormiré tranquilo sin
pensar en la posibilidad de un caso Pinochet. Esta red protectora emerge en
estos momentos decisivos. Son las voces de testaferros y lacayos dispuestos a
guardarle las espaldas a Bánzer. Así sucede con el Movimiento de Izquierda
Revolucionario de Bolivia uno de cuyos máximos dirigentes, Hugo Carvajal, a la
sazón ex ministro con Bánzer, en su particular alianza para gobernar acusa de
cínicos y vendepatrias a quienes plantean se cumplan los acuerdos y se extradite
al tirano.
Son estos lacerantes comportamientos lo que favorece la impunidad y avalentona a
otros a seguir este camino de desprecio a la acción judicial y las instituciones
democráticas. Pero no es todo. El gobierno boliviano, y como portavoz su
presidente Jorge Quiroga, con principios idénticos a su protector, señaló con
tono indignado que Bánzer no puede ser ni juzgado ni extraditado. Es más, en
caso de producirse semejante atrocidad la única instancia que podría realizar
dicho acto sería la Corte Suprema de la nación boliviana. Desde luego, al igual
que sucediera en Chile con Pinochet, sería aconsejable, ya que es la instancia
perfecta para legitimar la impunidad vía presión política. ¡Viva la
independencia de los Tribunales!
De esta manera, el gobierno boliviano esgrime la soberanía nacional para impedir
la acción de la justicia internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Es una
pena que esta misma soberanía nacional no se ejerza con igual firmeza cuando se
roban y esquilman las riquezas nacionales en nombre del progreso. Cuando más
necesitados estamos de gobiernos democráticos nuestras clases dominantes más se
empecinan en mostrar su carácter totalitario e intolerante. Bolivia es un
ejemplo.