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LOS EE.UU. EN CHILE
Por Alejandro Reuss

El papel de los Estados Unidos en Chile ha sido un secreto mal guardado por más
de 25 años . En 1972 el columnista Jack Anderson sacó a la luz la participación
de la International Telephone and Telegraph Co. en la conspiración que preparó
el golpe. La información sobre la ITT, que tenía fuertes inversiones en Chile,
incluía ofertas de US$ 1 millón para los esfuerzos de la CIA tendientes a
impedir que el Dr. Salvador Allende, líder de la coalición de la Unidad Popular
(Socialista-Comunista) y vencedor de la elección presidencial de 1970 en Chile,
ascendiera al mando. En 1975, el informe del senado de EE.UU. "Acción
Clandestina en Chile 1963-1973" reveló la amplia intervención del gobierno de
EE.UU. en la política chilena durante la década anterior al golpe militar del 11
de septiembre de 1973. Entre las intrigas denunciadas estaban los intentos de la
CIA de bloquear los resultados de la elección presidencial chilena de 1970 de
una (sobornando a parlamentarios para que votaran contra él en la votación del
Congreso que se había hecho necesaria) o de otra manera (fomentando un golpe
militar). Estas alternativas eran conocidas como "Vía I" y "Vía II". La actitud
del gobierno de EE.UU. hacia la democracia en Chile puede resumirse de la mejor
manera con las famosas palabras de Henry Kissinger: "No veo por qué tenemos que
quedarnos como espectadores y mirar cómo un país se vuelve comunista por la
irresponsabilidad de su propio pueblo."
El gobierno de EE.UU. jamás ha desclasificado exhaustivamente sus documentos
secretos relacionados con el golpe o con las violaciones de los derechos humanos
bajo la dictadura militar que lo siguió. Sin embargo, el arresto del ex dictador
chileno Augusto Pinochet en Londres, acusado de violaciones a los derechos
humanos en octubre de 1998, volvió a aplicar presión sobre los EE.UU., por parte
de los activistas por los derechos humanos y de los fiscales españoles del caso
Pinochet, para que terminaran por entregarlos. Una directiva de febrero de 1999
del Consejo Nacional de Seguridad a las agencias de inteligencia de los EE.UU.
para que compilaran y entregaran los documentos relacionados con Chile, ha
llevado a la publicación de 5800 documentos previamente clasificados originados
entre 1973 y 1978 (los años más represivos de la dictadura), y se esperan dos
desclasificaciones ulteriores para este año y el próximo. Los documentos
publicados hasta la fecha confirman que el gobierno de los EE.UU. tenía
conocimiento previo del golpe, que sabía muy bien la extensión de la represión
durante los días siguientes al golpe y que tenía conocimiento de la red de
terrorismo internacional de la policía secreta chilena (conocida como la
"Operación Cóndor"). También incluyen información útil sobre las actividades de
funcionarios de los EE.UU. tales como el Embajador en Chile Nathaniel Davis y el
Secretario de Estado Henry Kissinger. Un documento muestra a Davis sugiriendo
que, aunque sería políticamente arriesgado para los EE.UU. que suministraran
ayuda experta a la dictadura chilena para el establecimiento de campos de
concentración, podrían enviar ayuda material para los campos como "mantas,
tiendas de campaña, etc.", sin especificar su propósito. Otro documento muestra
a Kissinger asegurando a Patricio Carvajal, Ministro de Relaciones Exteriores de
la dictadura, que consideraba las críticas a la dictadura respecto a los
derechos humanos como una "injusticia total" y que estaba comprometido a "ayudar
al gobierno (chileno)." (Documentos publicados anteriormente han mostrado a
Kissinger dando garantías similares directamente a Pinochet.) Una gran parte de
la documentación secreta del gobierno de los EE.UU. sobre Chile, incluso para el
período cubierto por la publicación de junio, sigue oculta. La retención
continuada de información por parte de la CIA, que a pesar de su papel
tristemente célebre en Chile contribuyó menos de 500 de los 5800 documentos
publicados, ha atraído especialmente la crítica de los activistas por los
derechos humanos.
Aunque la vileza de los EE.UU. en Chile es perfectamente conocida, los EE.UU.
deben revelar su papel de la manera más completa posible. Los investigadores han
presentado preguntas serias sobre la participación del gobierno de los EE.UU.,
aunque sólo tienen acceso a una documentación limitada, en casos tan bien
conocidos como la "desaparición" de un escritor estadounidense, Charles Horman,
por los militares chilenos en los días después del golpe y el asesinato en
Washington DC del ex Embajador y ministro del gobierno chileno, Orlando Letelier
y su colaboradora estadounidense Ronni Moffitt por agentes de la policía secreta
chilena (conocida por su acrónimo español DINA). El libro de Thomas Hauser "La
Ejecución de Charles Horman", en el que se basa la película "Missing", describe
cómo Horman el día del golpe, en la ciudad costera de Viña del Mar, pudo haber
oído más de lo conveniente de parte de personal de la marina de los EE.UU.
estacionado en la vecina Valparaiso, donde se originó el golpe. Horman fue
arrestado por soldados chilenos poco después de su retorno a Santiago unos días
más tarde. No volvió a ser visto en vida. Parece que la Embajada de los EE.UU.
trató de convencer a su familia de que no había sido raptado por los militares
chilenos y que estaba probablemente escondido y que iba a salir pronto de Chile
en forma clandestina, aunque fue visto por vecinos cuando se lo llevaban los
soldados, un vecino los siguió al Estadio Nacional (que los militares utilizaron
como campo de concentración), y hubo amigos que informaron que habían recibido
llamados de la inteligencia militar chilena exigiendo que explicaran su
asociación con él. El libro de John Dinges y Saul Landau "Asesinato en Embassy
Row" documenta el asesinato de Letelier y Moffitt planeado por el jefe de la
DINA, el general Manuel Contreras, quien fue condenado y encarcelado en Chile
por este crimen, y realizado por Michael Townley, un estadounidense con
sospechosas relaciones con los servicios de inteligencia de los EE.UU. en Chile
y con organizaciones de terroristas cubanos exiliados en los EE.UU. Dindes y
Landau muestran que pruebas cruciales sobre este caso -un informe de la embajada
sobre el intento de los asesinos de obtener visas para los EE.UU. en Paraguay,
registros sobre su entrada en los EE.UU., una carta del Ministerio de Relaciones
Exteriores chileno pidiendo visas para ellos, e incluso una foto de uno de los
asesinos- fueron destruidas por alguien con acceso a los archivos del gobierno
de los EE.UU. También muestran que, por lo menos, la CIA suministró a la DINA
cobertura propagandística después del hecho anunciando que dudaba de que la
dictadura chilena fuera responsable por el asesinato, a pesar del conocimiento
de la "Operación Cóndor" por el gobierno de los EE.UU. y del hecho de que otras
figuras de la oposición habían sido asesinadas en el extranjero, utilizando a
veces métodos similares. La CIA sugirió, en cambio, que extremistas de izquierda
habían cometido el crimen para desacreditar a la dictadura y convertir a
Letelier en un mártir. Dinges y Landau sugieren que la CIA puede haber tratado
de evitar una investigación por temor de que ésta revelaría detalles embarazosos
de la colaboración de la Agencia con la DINA. La revelación completa en este
caso puede verse complicada por algún tiempo debido a la reapertura por el
Departamento de Justicia de la investigación del asesinato, la cual se especula
podría resultar en cargos de los EE.UU. contra Pinochet, pero que debieran
también considerar todo papel criminal de figuras del gobierno de los EE.UU.,
antes o después del hecho.
Aunque puedan persistir vacíos en nuestro conocimiento del papel de los EE.UU.
en el golpe mismo, lo que se sabe por cierto basta para condenar al gobierno de
los EE.UU. El libro del antiguo Embajador Nathaniel Davis "Los dos últimos Años
de Salvador Allende" ofrece una disculpa por el papel de los EE.UU. y su rol
personal, en Chile en los años alrededor del golpe. Entre la avalancha de
desmentidos que ofrece hay las siguientes admisiones: Funcionarios de los EE.UU.
conspiraron con facciones golpistas de las fuerzas armadas chilenas en 1970 y
1971, antes y después de que Allende ascendiera al mando, con la intención
expresa de fomentar un golpe ("Vía II"). Funcionarios de los EE.UU. mantuvieron
contactos con conspiradores militares golpistas hasta mayo de 1973. Ningún
funcionario de los EE.UU. expresó a los golpistas que los Estados Unidos verían
un golpe de manera negativa. Ningún funcionario de los EE.UU. previno al
gobierno constitucional de Chile de la conspiración golpista o informó a sus
representantes de las identidades de los oficiales militares sediciosos. Ninguna
de estas posibilidades fueron consideradas por los funcionarios de los EE.UU.,
que sabían que el Presidente Nixon, que estaba decidido a derrocar a la Unidad
Popular en Chile, se les opondría. Aún aceptando la historia fantástica de que,
después que la "Vía II" terminó en 1971, los funcionarios de los EE.UU. tuvieron
contacto con los golpistas sólo como observadores, y no debían expresar (y no lo
hubieran hecho) su apoyo para el golpe o participar en la formulación de los
planes respectivos, no es creíble que los golpistas hubieran interpretado ésto
como otra cosa que un signo de la aprobación de los EE.UU. (confirmada por el
apoyo de la administración de los EE.UU. para los golpistas una vez que se
apoderaron del poder). Una cosa que queda por saberse es si hubo una "Vía III",
apoyo de los EE.UU. para el golpe militar coordinada no por la CIA, sino por las
Fuerzas Armadas de los EE.UU. Investigadores del comité del Senado de los EE.UU.
que investigaron las operaciones clandestinas de los EE.UU. en Chile han dicho
que buscaron pruebas, en los años 70, de una "Vía III" pero que el comité
terminó su trabajo antes que encontraran algo. El descubrimiento de evidencia
incontrovertible de una participación directa de los militares de los EE.UU.
sería una nueva y mayor revelación y exige que se haga presión no sólo sobre la
CIA sino que también sobre el Departamento de Defensa, las Fuerzas Armadas y las
agencias de inteligencia de los EE.UU. para que abran sus archivos sobre Chile.
Queda por ver si se encuentra un "arma humeante" que pruebe la participación
directa de los EE.UU. en el golpe, en la compilación de "listas de arresto" para
la dictadura, o en otras atrocidades. Aquellos que defienden los derechos
humanos, la democracia y la verdad, sin embargo, no pueden ceder a la fiebre del
"arma humeante". Después de las desclasificaciones de junio de 1999, muchos
medios periodísticos titularon sobre la "revelación" de documentos de la CIA que
demostraban que la agencia tenía conocimientos de los planes de la dictadura
para una ola de "represión severa" en los días después del golpe, y luego de los
cientos de personas asesinadas cuando se encontraban en poder del estado (un
memorándum de la CIA los cifró en 1500). Aunque sea valioso que la CIA y el
gobierno de los EE.UU. -cuyos funcionarios pretendían ignorancia mientras los
asesinos cometían sus crímenes- acepten estos hechos, claro que los conocían.
Las agencias como la CIA trabajan ocultando sus huellas, así que mantener una
posición escéptica hasta que se descubra un "arma humeante" es hacerles el
juego. La CIA admite haber conspirado con las camarillas militares derechistas
en 1970, pero niega todo tipo de implicación con la camarilla en particular cuyo
golpe fracasado terminó en 1970 con el asesinato del Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas chilenas René Schneider. El gobierno de los EE.UU. admite haber
conspirado para realizar un golpe contra el gobierno constitucional de Chile,
pero niega haber tenido algo que ver con el golpe real que terminó con la
destrucción de la democracia chilena. Si uno toma en serio dichos argumentos, no
se ha dado todavía el caso de que gente involucrada en semejantes negocios
sucios hayan logrado mantener sus manos tan limpias. Incluso si continua la
búsqueda de más pruebas, no pretendamos que no sabemos lo que sabemos, incluso
si falta un "arma humeante". Sólo aquellos que padezcan de ataques de fe extrema
puede seguir siendo escépticos sobre la culpa de los Estados Unidos en Chile. Se
pueden haber deshecho de las "armas humeantes" hace tiempo. Pero una cosa es
segura: no encontrarán prueba alguna que los exonere.