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Asesinan a la abogada Digna Ochoa


Ángel Bolaños y Andrea Becerril
La Jornada. México, 20 de octubre.


Digna Ochoa y Plácido, activista de derechos humanos y abogada litigante,
fue asesinada ayer en su despacho de la calle Zacatecas 31-A, en la
colonia Roma, hecho que provocó de inmediato la indignación de diferentes
organizaciones de derechos humanos.
El cuerpo de Ochoa Plácido fue encontrado por uno de los abogados
auxiliares del despacho, Gerardo González, alrededor de las 17:50 horas,
con disparos de arma de fuego en la cabeza y las piernas, al parecer de
calibre 22. A su lado se encontró una amenaza de muerte por escrito, en
contra de integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal guardó total
hermetismo sobre el hecho. El titular de la dependencia, Bernardo Bátiz,
acudió al lugar del crimen alrededor de las 22:30 horas y se comprometió a
hacer todo lo necesario para localizar a los responsables.
Gerardo González dijo que había regresado al despacho para recoger unos
documentos que le solicitó Lamberto González, socio de la víctima, al
igual que Pilar Noriega, quien hace unos días dejó de litigar al ser
nombrada primera visitadora de la CDHDF.
El cuerpo de Ochoa se encontraba en la antesala, sobre el piso, con la
cabeza recargada en el sillón y el rostro completamente ensangrentado.
González dijo haber visto polvo blanco, como una especie de talco, regado
en la alfombra, los sillones y en la ropa de la víctima.
No descartó que la abogada hubiera forcejeado con los homicidas, pues la
diadema que traía en la mañana estaba tirada también en la alfombra.
El presidente del Centro Pro, Edgar Cortés, exigió a las autoridades que
inicien una investigación a fondo, porque desde 1996, cuando comenzaron
las amenazas contra el organismo, no se ha hecho nada. Entre 1996 y 1997
se recibió el mayor número de amenazas en contra de la litigante y otros
integrantes del Pro, como Enrique Flota y Pilar Noriega, que entonces
llevaban los casos de presuntos zapatistas presos.
En 1999 y 2000 había por lo menos tres averiguaciones previas en la PGJDF,
que se integraron en un solo expediente, y otra más por secuestro de Ochoa
en su propio domicilio; "lo lamentable es que no hayan prosperado estas
denuncias. Queremos que ahora, después de la muerte de Digna Ochoa, sí se
investigue a fondo", reclamó.
Consideró preocupante el hecho de que junto al cadáver hubiera una nueva
nota con amenazas de muerte contra integrantes del centro.
Recordó que Ochoa se separó de la organización hace un año, al decidir
litigar de manera independiente, y actualmente el caso más importante que
tenía era el de los dos ecologistas de Guerrero presos, aunque también
había decidido retomar los asuntos que tenía Pilar Noriega.
Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los
Derechos Humanos, recordó el intento de secuestro en contra de Digna
Ochoa: en octubre de 1999 varios sujetos ingresaron a su domicilio, la
amordazaron, le vendaron los ojos y la interrogaron durante
aproximadamente nueve horas, para luego abandonarla atada de manos y pies
sobre la cama, junto a un tanque de gas abierto. Logró soltarse y trató de
llamar por teléfono, pero la línea había sido cortada.
Los sujetos que la atacaron le hacían preguntas sobre las actividades del
Pro y supuestos contactos en los estados de Guerrero, Hidalgo, Puebla y
Oaxaca; casas de seguridad del EZLN y el EPR, así como de los comandantes
Antonio y Aurora, del ERPI.
"También recordemos que ahora estaba viendo el caso de los hermanos Cerezo
Contreras, acusados de pertenecer a las FARP, quienes fueron detenidos
después de los petardazos en sucursales de Banamex, cuya primera audiencia
inicia el 22 de octubre. No podría asegurar que esté relacionado con el
homicidio, pero sólo decimos que hay esa coincidencia, que ella participa
en la defensa jurídica junto con Bárbara Zamora", expuso.
El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la agencia 4 del Ministerio
Público y la averiguación previa correspondiente se inició en la agencia
3, donde al cierre de la edición continuaban declarando Gerardo González y
otras personas que conocieron de cerca a la abogada, a fin de aportar
datos que permitan dar con los responsables.
Cabe señalar que acudió al lugar de los hechos el presidente de la CDHDF,
Emilio Alvarez Icaza, quien le dijo al procurador que el organismo
seguiría muy de cerca las investigaciones. Asimismo se presentaron Benito
Mirón Lince, subsecretario del Trabajo del GDF, quien fue dirigente del
Frente Zapatista de Liberación Nacional, y Eduardo Miranda, de la Unión de
Juristas.